El difícil acceso a la verdad por parte de las familias de las víctimas crea un ambiente de desconfianza en las instituciones, el cual favorece la impunidad, impide el acceso a la justicia y genera un clima para violentar otros derechos humanos. Una alternativa para reconstruir la confianza de los entes públicos y la sociedad, respecto a esta problemática, es a través de la apertura institucional.