Resulta urgente implementar un sistema de cuidados inclusivo en la metrópoli que responda a las necesidades de las personas con discapacidad y sus entornos cercanos, a fin de asegurar su plena inclusión y participación en la vida social, reconoció la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), María del Carmen Nava Polina.
Al dar cuenta que en la capital del país un millón 700 mil personas tienen alguna discapacidad, que representan el 18.5 por ciento de la población, posicionó en sesión ordinaria del pleno del órgano garante el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2763/2024, presentado en contra de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y detalló que una persona solicitó información sobre el cumplimiento de la recomendación 15/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Dentro del mismo se establece que el personal del Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil de la fiscalía deberá recibir capacitación sobre la atención a niñas y niños que tienen alguna discapacidad, con un enfoque en derechos humanos.
Resulta que, en una primera respuesta, la FGJ señaló que no tenía atribuciones para dar atención a lo solicitado e indicó que la CDHCM era la encargada de ello, motivo por el cual la persona se quejó ante el instituto de transparencia capitalino al argumentar que la respuesta fue incompleta, poque consideró que la fiscalía podía dar respuesta sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación.
Nava Polina detalló que durante el proceso de estudio del caso el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en la que entregó información adicional con la que demostró que la capacitación se llevó a cabo y proporcionó detalles sobre cómo se implementa dicha recomendación.
Precisó que, durante el análisis elaborado por la ponencia a su cargo, se encontró que la queja de la persona resultaba válida, ya que en su solicitud buscaba entender el cumplimiento específico de la recomendación antes mencionada.
La comisionada dijo que la respuesta inicial de la fiscalía no atendía de manera plena la solicitud al omitir detalles sobre la implementación y el estatus de la capacitación recomendada. Sin embargo, con la respuesta complementaria emitida durante el trámite del recurso de revisión, atendió de forma satisfactoria la solicitud inicial.
Delineó que la recomendación 15/2016, de la CDHCM, es de gran relevancia porque aborda el derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación para personas menores de edad con discapacidad.
Expuso que la transparencia en cómo se abordan y resuelven estos casos es vital para la rendición de cuentas; saber cómo y de qué manera se cumplen las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, fortalece la confianza en las instituciones y promueve una cultura de derechos.
“Más allá de atender un caso en particular, la recomendación se orienta en proteger los derechos de las personas menores de edad con discapacidad para que accedan a educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que en América Latina hay más de 19 millones de niñas y niños con discapacidad, y 7 de cada 10 de ellas no asisten a la escuela. A nivel nacional, más de 6.6 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, mientras que, en la Ciudad de México, 1.7 millones, es decir el 18.5 por ciento de la población, se encuentran en esta situación”, detalló.
Señaló que los datos también reflejan que este importante sector de la sociedad no cuenta con las condiciones para ejercer sus derechos de forma plena; por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en 2018 que 80,628 personas con discapacidad en edad escolar no asisten a la escuela, lo que resulta en un rezago educativo aproximadamente cuatro veces mayor que el de las personas sin discapacidad.
Consideró de interés destacar ese caso debido a la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos, especialmente aquellas que involucran a personas en situación de vulnerabilidad como niñas y niños con discapacidad.
