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Las comisiones unidas de Gobierno Abierto y Jurídica de Criterios del SNT realizaron la primera sesión ordinaria para presentar el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta.
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La justicia abierta no solo debe aplicar a los poderes judiciales, sino a las fiscalías, las comisiones de derechos humanos, los órganos autónomos, los consejos para prevenir y erradicar la discriminación, los tribunales administrativos y los centros penitenciarios: Nava Polina.
En el marco de la primera sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; y de Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se llevó a cabo el Panel de Justicia Abierta: Estado del Arte en México con la participación de personas externas representantes de sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
La moderación del Panel estuco a cargo de María del Carmen Nava Polina, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva y Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), quien enfatizó en los alcances y espectro de la Justicia abierta.
“La Justicia abierta no solo debe aplicar a los poderes judiciales, sino a las fiscalías, las comisiones de derechos humanos, los órganos autónomos, los consejos para prevenir y erradicar la discriminación, los tribunales administrativos y los centros penitenciarios”.
Durante el panel, las personas especialistas coincidieron en que la transparencia de las sentencias son el primer cimiento para la construcción de una función judicial deliberativa y constructiva, y debe utilizar un lenguaje sencillo, entendible, para todas las personas.
Laurence Pantin, Coordinadora del Programa Transparencia en la Justicia y proyectos especiales de México Evalúa, expuso sobre cómo mejorar la publicación de las sentenciaras. Destacó la necesidad de contar con buscadores centrados en necesidades de personas usuarias y no solo en personas involucradas en los procesos.
Por su parte el Ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, enfatizó sobre el uso del lenguaje de las sentencias «no basta con que las sentencias seas públicas y accesibles. Se necesita un cambio en el lenguaje jurídico. Las sentencias son para toda la sociedad y deben hablar para cualquier persona», destacó.
Adriana Greaves, Co-fundadora de Tojil Estrategia contra la Impunidad; planteó la disyuntiva entre las carpetas digitales judiciales vs el concepto de carpetas administrativas preexistentes ya que se considera que en los registros judiciales contienen datos personales por lo que se suele negar acceso a sus contenidos.
Asimismo, Gerardo Carrasco de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que “no se agota en conocer las razones que sustentan una sentencia, sino que en las resoluciones colegiadas no se documentan las disidencias respecto a acuerdos mayoritarios”.
En tanto que Daniel Espinosa Licón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, explicó que fue necesario reorganizar la estructura del Poder Judicial local para mantener procesos en marcha que permitieran atender nuevos procesos para publicar sentencias, con la capacitación del Garante de transparencia de Jalisco.
Para finalizar el panel, Fátima Gamboa Co-directora de Equis Justicia para las Mujeres destacó el trabajo de la sociedad civil organizada, durante la emergencia sanitaria por COVID19, en el acompañamiento a poderes judiciales locales para entender la apertura en materia judicial, mediante socialización de alternativas para visibilizar cómo la justicia ayuda a las personas.
En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán Tamayo, destacó que la transparencia judicial representa una de las más importantes demandas de la ciudadanía en materia de justicia, y por ello desde el Sistema se trabaja para impulsar foros regionales en los que participen personas especialistas, magistrados y magistradas, académicos y académicas, y sociedad civil que ayuden a adecuar la norma.
Asimismo, durante el desarrollo de la sesión ordinaria se presentaron los resultados del Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta sobre la armonización de las distintas legislaciones locales con la Ley General de Transparencia, para que los Sujetos Obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas pongan a disposición las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
La presentación del Diagnóstico estuvo a cargo del Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, Salvador Romero Espinosa y el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima y Coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones, Christian Velasco Milanés.
En los resultados se dio a conocer que 11 entidades federativas han realizado las reformas legales necesarias para que las sentencias públicas en su totalidad sean obligaciones de transparencia; mientras que en 12 entidades ni siquiera se ha presentado la iniciativa correspondiente.
Explicó que el Diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer cuántas entidades han llevado a cabo la armonización de sus leyes derivado de la reforma al artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia, publicada el 13 de agosto de 2020, en la que se obliga a los sujetos obligados de los poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas poner a disposición las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
Romero Espinosa resaltó que la reforma otorga 180 días a los Congresos locales para que homologuen dicha regulación en las leyes estatales, plazo que se venció el pasado mes de febrero.
Destacó que en el Diagnóstico se planten las rutas que el SNT impulsará para la implementación de la reforma que consisten en apoyar con insumos a los organismos garantes que lo soliciten; realizar jornadas de capacitación para los integrantes de los poderes judiciales del país sobre elaboración de versiones públicas.
También se contempla ayudar a la distribución de programa (softwares) gratuitos y capacitar en su utilización; analizar, discutir y, en su caso, reformar los lineamientos en materia de clasificación de la información y elaborar versiones públicas del SNT.
Durante la sesión de comisiones unidas, participaron 60 comisionados representantes de los distintos organismos garantes del país.
