- María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, recordó que de acuerdo con un informe de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario suscribió contratos por un monto superior a los 387 millones de pesos para la rehabilitación de cuatro centros penitenciarios dañados por el sismo.
- Garantizar el derecho a saber en materia de infraestructura y obra pública es valioso porque nos permite identificar posibles riesgos, prevenir desastres y, por supuesto, salvar vidas: Nava Polina
El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) determinó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene competencia para conocer la información solicitada por una persona, interesada en saber sobre las revisiones efectuadas por las personas Directoras Responsables de Obras (DRO) a las instalaciones de los centros penitenciarios de la capital del país durante los últimos cinco años.
Al exponer el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.3198/2022, durante la vigésima octava sesión ordinaria, la Comisionada Ciudadana, María del Carmen Nava Polina, detalló que, en respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para entregar la información solicitada y señaló a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como la instancia que pudiera contar con lo requerido.
Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso un recurso de revisión ante el INFO CDMX, que recayó en la Ponencia de la Comisionada Nava Polina.
Tras analizar el caso, se identificó que el agravio es fundado, ya que la Secretaría sí tiene competencia, toda vez que dicha autoridad es competente de administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los Centros Penitenciarios a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Además -dijo la Comisionada-, en la ley en la materia también se establece la obligación de instalar Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en cada uno de los Centros Penitenciarios en los que podrán participar las personas privadas de su libertad.
Argumentó que hasta 2019 la Subsecretaría del Sistema Penitenciario estaba adscrita a la Secretaría de Gobierno y con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a partir del primero de agosto de dicho año, pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por tanto, existe una competencia concurrida entre ambas secretarías para atender la solicitud de información en este caso, puntualizó.
Nava Polina resaltó que, hasta junio de este año, el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México reportó 25 mil 810 personas privadas de libertad, de las cuales, 24 mil 279 son hombres y mil 531 son mujeres.
Añadió que a esta población hay que sumar al personal administrativo y de custodia, las personas visitantes, así como a niñas y niños que permanecen con sus madres privadas de la libertad.
En este sentido -dijo-, que hay normas internacionales a las que está adherido el gobierno mexicano, como las Reglas Mandela, en las que se establece que la población privada de libertad debe tener condiciones adecuadas para lograr su reinserción social.
También recordó que, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017 resultaron dañados algunos edificios de infraestructura penitenciaria y de acuerdo con el informe de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX de septiembre de 2018, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario suscribió contratos por un monto por más de 387 millones de pesos para la realización de proyectos relacionados con la rehabilitación de cuatro centros penitenciarios dañados por el sismo.
Por lo anteriormente expuesto, se ordenó revocar la respuesta del sujeto obligado, que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y, una vez localizada, entregarla a la persona solicitante. Asimismo, se le instruyó que canalice la solicitud de información a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a fin de que éstas emitan una respuesta en el ámbito de sus atribuciones.
La Comisionada Ciudadana concluyó que garantizar el derecho a saber en materia de infraestructura y obra pública es valioso porque permite identificar posibles riesgos, prevenir desastres y, por supuesto, salvar vidas. De ahí la importancia de la transparencia en esta materia.
