Resumen ejecutivo
El Reporte Especial Nº 1: Apertura en la L12 del Metro. La ruta del interés público a un año presenta un análisis en materias del derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y apertura institucional, a un año del siniestro en el tramo que va de la estación Olivos a Tezonco de la Línea 12 del STC Metro, donde 26 personas fallecieron y 103 resultaron lesionadas, en el que se identificó que la información disponible para reparar el daño es parcial.
Identificamos que al menos siete sujetos obligados de la Ciudad de México, que deberían publicar información por ser un tema de interés público, atendieron de manera parcial y deficiente las recomendaciones emitidas en el primer reporte publicado el año pasado por el Info CDMX.
La atención de estas recomendaciones tienen que ver con generar y publicar información como transparencia proactiva de estadística con perspectiva de género y desagregada; publicar y difundir mensajes focalizados, especialmente sobre los programas y apoyos sociales para que pueda acceder a los mismos; y establecer pisos mínimos de rendición de cuentas del proceso de recuperación estructural y material.
En ese sentido, los esfuerzos institucionales se centraron en la implementación del micrositio Línea 12 Información y Transparencia, en el que se concentró y publicó la información generada por al menos 11 sujetos obligados está focalizada para las personas familiares de las víctimas.
Por otro lado, en un monitoreo de transparencia proactiva identificamos que solo 17 sujetos obligados de los 42 revisados publican información relativa a la Línea 12 del Metro, de los cuales 8 (19.05%) lo hacen con características de transparencia proactiva, 5 (11.9%) publica información focalizada, 4 (9.52%) publica información de interés. Sin mencionar que 4 (9.52%) sujetos obligados no cuentan con portal.
El interés público sobre el siniestro es evidente, pues aún con la concentración del micrositio y la información proactiva, se ingresaron al día, en promedio, cinco solicitudes de información pública durante un año, y se interpusieron 33 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública.
Las personas han acudido a estos mecanismos legales en busca de respuestas sobre temas como informes de reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, contratos, datos sobre la póliza y la aseguradora, presupuesto y gasto para la reparación, información de los peritajes realizados, averiguaciones, carpetas de investigación y auditorías, entre otros temas.
Sin embargo, cuando las personas tocan una segunda puerta para obtener respuestas -vía solicitud de información- enfrentan obstáculos. Al respecto, observamos que de las 1,130 de 1,807 solicitudes con estatus terminado en 389 casos los sujetos obligados se declararon incompetentes, en 27 clasificaron la información, en 12 se consideraron improcedentes y en 5 inexistentes.
Ahora bien, aun cuando la persona solicitante se puede inconformar -o no- por este tipo de respuestas el garante de la CDMX, mediante el Pleno del Info CDMX resolvió 33 recursos de revisión en materia de acceso a la información. Se destaca que el 70% de las resoluciones derivadas de estos recursos fueron a favor de las personas que recurrieron al Instituto. No obstante, una tercera parte de los recursos tiene que ver con obligaciones de transparencia, es decir, se trata de información que debe ser pública de oficio, tales como la asignación y ejercicio del gasto público, obras y construcciones o contratos.
Adicionalmente, se identificaron 4 recursos de revisión por información clasificada y que fueron revocados o modificados-todos interpuestos en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México- donde observamos la ausencia del comité de transparencia en el proceso para la clasificación de la información y entrega de versiones públicas.
La publicación de este reporte es relevante toda vez que la magnitud de las consecuencias del accidente es alta. Esto es posible medirse a través del número de víctimas directas e indirectas; del costo económico generado por el cierre del servicio; del costo social en materia de acceso a la justicia y a la verdad por parte de las familias afectadas; y de los costos en materia de corrupción y sanción a personas servidoras públicas responsables.
Las personas afectadas de forma indirecta son millones: de enero a diciembre de 2020 se realizaron 78 millones viajes en la Línea 12. Este medio de transporte es especialmente importante porque conectaba al poniente con el suroriente de la capital del país. Por ejemplo, en la estación Tláhuac se transportaban en promedio 64,309 personas al día en los meses previos al inicio de la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de esto, las personas habitantes de esa demarcación han empleado medios alternos de transporte, aun cuando eso ha implicado incurrir en costos mayores monetariamente y en horas disponibles.
Finalmente, es un hecho que entre más información de utilidad se publique sobre el accidente de la Línea 12, mayores serán las posibilidades de garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a las personas afectadas. Por esa razón, además de señalar las áreas de oportunidad de las instituciones públicas en esta situación, este reporte incluye un apartado de buenas prácticas para la recuperación y la reparación integral del daño causado por el accidente.
