- Las personas deben conocer además del DAI, otros mecanismos como las denuncias ante el Órgano Interno de Control, manifestó la Comisionada.
- Se debe reflexionar sobre desafíos y oportunidades de fomentar la integridad en la función pública, enfatizó.
Si bien el derecho de acceso a la información pública es una herramienta importante para combatir la corrupción, también tiene sus límites para prevenir conductas irregulares como el nepotismo y otras faltas administrativas, consideró María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
En el marco de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de este órgano garante local, la Comisionada Ciudadana expuso el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.6328/2023, presentado en contra de la alcaldía Milpa Alta, relacionado con la solicitud de información que hizo una personas para saber si familiares de una Concejal, habrían sido contratadas como servidoras públicas en esta demarcación territorial; además pedía que, de ser afirmativo este asunto, le fueran proporcionados sus nombres, funciones, ingresos y horarios.
El sujeto obligado declaró estar imposibilitado para entregar esos datos, pues afirmó que no contaba con documentación para inferir qué personas servidoras públicas de la alcaldía pudieran tener algún grado de parentesco con la Concejal en cuestión. La persona solicitante, insatisfecha con la respuesta, interpuso un recurso de revisión ante el INFO CDMX, en el que manifestó como agravio la información recibida, ya que consideró que no correspondía con lo solicitado.
El Pleno del INFO CDMX aprobó por unanimidad la confirmación de la respuesta de la alcaldía Milpa Alta, así como dejar a salvo los derechos de la persona para que, si lo considera necesario, interponga una queja o denuncia correspondiente ante el órgano interno de control.
Al argumentar este recurso, la Comisionada enfatizó que del análisis realizado por su ponencia, quedó claro que la demarcación territorial no tiene la obligación de poseer la información solicitada, dado que los requisitos para establecer una relación laboral no incluyen declarar si los aspirantes tienen algún parentesco con otras personas servidoras públicas o autoridades electas en la alcaldía, y que de acuerdo con la Ley de Transparencia no están obligadas a crear documentos específicos para responder este tipo de solicitudes.
“Vemos como una persona busca identificar una posible falta administrativa; sin embargo, se visibilizan los límites de los mecanismos de transparencia, ya que los procesos de contratación de la alcaldía no permiten documentar, a simple vista, posibles lazos familiares y, por supuesto, la Ley de Transparencia no otorga facultades de investigación en estos casos”, enfatizó.
Por ello, consideró importante que las personas conozcan, además del derecho de acceso a la información, otros mecanismos como las denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la alcaldía y las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial que administra la propia Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
“En México, el nepotismo es considerado una falta administrativa grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas; este tipo de contratación puede derivar en otras faltas y delitos, como abuso de autoridad, contratación indebida, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés y desvío de recursos públicos, entre otros”, detalló.
Aunado a ello, Nava Polina hizo énfasis en que aún hay camino por recorrer en materia de transparencia y combate a la corrupción; en este caso, se identifican áreas de mejora en el marco jurídico de transparencia, como implementar medidas que obliguen a las alcaldías a documentar información relevante para prevenir el nepotismo y otras faltas administrativas; lo mismo será para el caso de los mecanismos de contratación de cualquier institución pública.
“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 9 de cada 10 personas adultas piensan que los actos de corrupción son muy frecuentes y sólo el 6.20% de los delitos son denunciados; por ende, el desafió de la integridad y la rendición de cuentas es un desafío constante”, subrayó la Comisionada.
