Llaman a Iztacalco a informar sobre gastos en seguridad
Georgina Olson
La Alcaldía Iztacalco deberá realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entregar información sobre el uso de recursos federales en materia de seguridad pública, que ejerció a través de los programas de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y el Programa de Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG), entre 2015 y 2020, así lo decidió el Pleno del INFO CDMX, después de que un ciudadano presentó un recurso de revisión, pues estaba inconforme con la respuesta original que le entregó la alcaldía.
Durante la sesión, la Comisionada María del Carmen Nava, expresó que la alcaldía entregó «una respuesta parcial e incongruente», pues aunque la persona solicitante había requerido datos completos sobre programas, proyectos y actividades ejecutados con dichos fondos, incluyendo montos, cronogramas, población beneficiada, resultados e informes entregables.
La Alcaldía proporcionó una tabla con montos limitados y señaló que no contaba con información de años anteriores, además de atribuir la competencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, sí entregó datos del ejercicio 2020, lo que evidenció contradicciones en su argumento.
El análisis de la ponencia encontró convenios y documentos oficiales que demuestran la participación de la Alcaldía en la ejecución de estos fondos, así como declaraciones públicas de su titular sobre proyectos financiados en 2020. Además, recordó que, aunque FORTASEG desapareció en 2021, en su último año de operación otorgó más de nueve millones de pesos a Iztacalco.
La Comisionada Nava Polina señaló que la resolución tiene especial relevancia dado el contexto de inseguridad que vive la capital del país.
«Cifras del INEGI indican que dos de cada tres personas consideran la inseguridad como el principal problema de la ciudad, y 37 de cada 100 hogares tuvieron al menos una víctima de delito en 2023”, puntualizó.
En ese sentido, enfatizó que los fondos en cuestión no eran fines en sí mismos, sino herramientas para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad, como la evaluación de confianza de cuerpos policiales, infraestructura, prevención del delito y bases de datos.
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