Ivermectina y el derecho a saber en materia de salud
María del Carmen Nava Polina
4 de mayo de 2022
Durante las emergencias la falta de información pública se convierte en un asunto que vulnera derechos humanos (DDHH) y que pone en riesgo la vida de millones de personas. En el Informe de DDHH 2022, elaborado por Human Rights Watch, se señala que “A medida que las personas advierten que los gobernantes que no rinden cuentas privilegian sus intereses por sobre los de la población, el reclamo popular de una democracia que respete los derechos de las personas sigue siendo fuerte”.
Es el caso de la CDMX en materia de derecho a saber, donde la autoridad en materia de salud distribuyó kits dirigidos a personas contagiadas de COVID-19, los cuales incluían medicamentos no recomendados para la enfermedad, tales como la ivermectina.
No obstante, desde marzo de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó de forma explícita no utilizar la ivermectina para tratar COVID-19, toda vez que no existe evidencia fiable de que este medicamento antiparasitario tenga efectos positivos para curar la enfermedad. Adicionalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), autoridad sanitaria estadounidense, tampoco recomienda la ivermectina para Covid-19.
Según Animal Político, el Gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones 290 mil pesos en la compra de ivermectina, ácido acetilsalicílico y azitromicina, medicamentos no recomendados ni aprobados por el gobierno federal y organismos internacionales, pero que en la capital del país se entregaron a unas 200 mil personas contagiadas de COVID.
En un artículo recientemente publicado por la Revista Médica Británica, se señaló que derivado de la distribución y la promoción de la ivermectina para el Covid-19, se incurrió en una violación ética por la falta de consenso de quienes recibieron el medicamento, el cual se ha demostrado que tiene efectos negativos en dosis altas.
En el Instituto de Transparencia de la capital del país (InfoCDMX) se resolvió un recurso de revisión en materia de acceso a la información pública en donde habían solicitado el documento con la certificación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o de la Secretaría de Salud federal, en la que se justificara el reparto del fármaco.
Cabe mencionar que se publicó un estudio cuasi-experimental, realizado por los integrantes de la Agencia Digital de Innovación Pública, en el que se buscó evaluar el impacto de los kits repartidos -y por lo tanto de la ivermectina- sobre las hospitalizaciones por COVID. No obstante, la revista SocrXiv ´-donde fue publicado el paper- no sólo se deslindó y eliminó artículo, declaró también que el estudio tenía muy poca calidad y era engañoso por las fallas metodológicas.
El 4 de mayo pasado, el pleno del Info CDMX aprobó una resolución para modificar la respuesta de la Secretaría de Salud local dado que se pronunció como incompetente y y se le instruyó para que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y de ser el caso haga la entrega a la persona solicitante. Esta decisión es muy importante, puesto que con la información se construyen puentes, diálogo, apertura y confianza entre gobierno y personas. La confianza es fundamental para que las respuestas durante las crisis sean efectivas y minimicen vulnerabilidades.
La consigna fue clara: el derecho a saber es crucial en una crisis y la pandemia no es motivo para restringir el derecho humano a saber.
Texto publicado en Diario Reforma
