Héctor Cruz | El Universal
A un mes del accidente de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que dejó como saldo 26 muertos y más de 87 lesionados, por lo menos ocho dependencias del Gobierno capitalino han sido omisas en materia de transparencia, al no mostrar apertura institucional y la información pública es parcial y no responde a las necesidades de los ciudadanos que buscan conocer sobre este percance.
Así lo denunció la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), María del Carmen Nava Polina, al presentar el Reporte Especial de Apertura: Línea 12 del Metro Ciudad de México, en el que revela parte de las irregularidades que existen en los portales de diversas dependencias públicas.
La comisionada destacó que las instituciones obligadas a dar respuesta a las solicitudes de información son: la Jefatura de Gobierno, las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la de Movilidad, la de Salud, la Red de Transporte Público de Pasajeros (RTP), el Metro y la Fiscalía General de Justicia, “pero no lo han hecho”.
Identificó otros dos entes obligados: la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que participan en conferencias sobre el tema, pero no publican información en sus portales.
Según el Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo, señaló Nava Polina, toda información generada en el contexto de una emergencia debería ser publicada de manera proactiva, así como dar respuesta pronta a las solicitudes de información que se reciban por dicho evento, sin importar los acuerdos de suspensión vigentes.
“Requerimos emplear esquemas de acción que detonen transparencia proactiva, garanticen el derecho a saber y apliquen apertura. Apremia potencializar la utilidad de la información, pues mitiga los impactos negativos que las emergencias ocasionan, previene corrupción y genera confianza”, dijo.
En entrevista con El Universal, la comisionada explicó que si bien las causas de lo ocurrido en la Línea 12 se mantienen bajo investigación por diversas autoridades, “la gravedad y magnitud del accidente ha generado que sea un tema recurrente en la agenda de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, y de la población interesada en conocer del tema”.
Nava Polina manifestó que un día después de los hechos, el pasado 4 de mayo, el Info emitió un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México y a otros seis entes sujetos obligados para que pusieran en marcha el Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo, a fin de atender todas las solicitudes de información sobre este transporte.
Sin embargo, a la fecha ningún ente obligado ha manifestado la atención de alguna de las recomendaciones, por lo que personas de diversos sectores buscan todo tipo de información relativa a la Línea Dorada.
Reveló que de 2006 a la fecha, el Info ha recibido más de 7 mil solicitudes de información sobre el proyecto de la Línea 12: desde la elaboración del proyecto, licitaciones, construcción, arreglos, suspensión, denuncias ciudadanas, hasta el accidente ocurrido hace un mes, que permita dar claridad sobre sus causas y efectos en la población.
Al realizar un monitoreo de la información que publican los portales institucionales, encontraron que cinco dependencias difunden información de interés a nivel de comunicación social, a través de boletines y comunicados relacionados con los hechos del 3 de mayo.
Mientras que otros dos entes cuentan con al menos una sección de transparencia proactiva en la que difunden información sobre rutas alternas para satisfacer la demanda de movilidad, un micrositio con información del estatus que guardan las personas afectadas por el accidente, manual de mantenimiento y antecedentes de las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017, entre otros datos.
Si bien implementaron el micrositio que informa sobre las personas hospitalizadas y defunciones, clasificado como transparencia proactiva nivel básico, éste no se encuentra publicado en formatos abiertos.
Tal situación, explicó la comisionada del instituto, impide la descarga de los datos para su reutilización y en cada actualización dificulta la consulta de información previa, lo que no abona a generar memoria y archivo de lo publicado.
Nava Polina destacó las respuestas a cuatro peticiones realizadas entre 2016 y 2019 en las que se reservó información sobre algunos asuntos, como el caso de una solicitud pública que pedía el acta de entrega-recepción de Francisco Bohórquez, en la que se negó la información porque dicho documento fue reservado en 2017 por el Comité de Transparencia del Proyecto Metro.
