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Durante la vigésima octava sesión del Pleno, se aprobó por unanimidad el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2100/2025.
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La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava recordó que las Alcaldías tienen la obligación de documentar y transparentar el uso de recursos públicos.
La Alcaldía Iztacalco deberá realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y áreas competentes para entregar información sobre el uso de recursos federales en materia de seguridad pública, ejercidos a través de los programas SUBSEMUN y FORTASEG, entre 2015 y 2020, luego de que el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO CDMX) aprobara revocar su respuesta a una solicitud de acceso a la información.
Durante la vigésima octava sesión ordinaria del Pleno, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina presentó la resolución del recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2100/2025, que instruye a la demarcación a corregir su actuación tras emitir una respuesta parcial e incongruente.
Al exponer el tema, la Comisionada explicó que la persona solicitante había requerido datos completos sobre programas, proyectos y actividades ejecutados con dichos fondos, incluyendo montos, cronogramas, población beneficiada, resultados e informes entregables.
En su respuesta, la Alcaldía proporcionó una tabla con montos limitados y señaló que no contaba con información de años anteriores, además de atribuir la competencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, sí entregó datos del ejercicio 2020, lo que evidenció contradicciones en su argumento.
El análisis de la ponencia encontró convenios y documentos oficiales que demuestran la participación de la Alcaldía en la ejecución de estos fondos, así como declaraciones públicas de su titular sobre proyectos financiados en 2020. Además, recordó que, aunque FORTASEG desapareció en 2021, en su último año de operación otorgó más de nueve millones de pesos a Iztacalco.
La Comisionada Nava Polina señaló que la resolución tiene especial relevancia dado el contexto de inseguridad que vive la capital del país. “Cifras del INEGI indican que dos de cada tres personas consideran la inseguridad como el principal problema de la ciudad, y 37 de cada 100 hogares tuvieron al menos una víctima de delito en 2023”, puntualizó.
En ese sentido, enfatizó que los fondos en cuestión no eran fines en sí mismos, sino herramientas para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad, como la evaluación de confianza de cuerpos policiales, infraestructura, prevención del delito y bases de datos.
Nava Polina también recordó que las Alcaldías tienen la obligación de documentar y transparentar el uso de recursos públicos, y que este tipo de información debería estar disponible de manera proactiva en sus portales, no sólo a través de solicitudes ciudadanas.
“El dinero no resuelve los problemas por sí solo; es un insumo que debe utilizarse con transparencia y rendición de cuentas para dar soluciones reales”, concluyó.
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