Más de 300 académicos exigen justicia tras asesinato de Carlos Manzo | Documento

Los firmantes sostienen que la violencia “nos arrebata el país, nos arrebata la política y a quienes la practican con ética” y demandan una investigación independiente y exhaustiva.

El escrito recuerda que, según información oficial, el ataque se perpetró pese a que el alcalde contaba con esquema de protección federal.

Los académicos también apuntan a reportes preliminares según los cuales uno de los agresores fue abatido y dos personas fueron detenidas, y llaman a evitar que el caso se limite a “gestos ni discursos”.

En este sentido, exigen que la indagatoria avance sobre autores materiales y posibles autores intelectuales, con acceso público a resultados y participación de organismos de derechos humanos.

«Su vida pública lo convirtió en un actor ‘incómodo”’ y su muerte desnuda —una vez más— la fragilidad de las estrategias de protección y la normalización de la violencia política en México.»

El comunicado subraya la trayectoria académica de Manzo como egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública del ITESO, y su perfil de servidor público.

“Exigimos responsabilidades concretas y plazos reales”, señalan, al tiempo que exhortan a revisar de inmediato los mecanismos de seguridad para servidores públicos y líderes sociales.

Los firmantes advierten que no permitirán que el caso “pase al cajón del olvido mediático” y reclaman respuestas claras, sanciones efectivas y verdad para la sociedad.

A continuación, reproducimos íntegra la carta de los 389 académicos

COMUNICADO NACIONAL

A la sociedad mexicana, a las comunidades universitarias de todo el país y a quienes creen en la justicia:

La violencia nos arrebata el país, nos arrebata la política y a quienes la practican con ética. Exigimos justicia por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

La madrugada del 2 de noviembre de 2025 quedó marcada por un crimen político que nos indigna y avergüenza: el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante el Festival de las Velas celebrado en la plaza pública de su ciudad. El ataque ocurrió en plena celebración y, según la información oficial, fue perpetrado pese a que el alcalde contaba con un esquema de protección federal.

Manzo era egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Desde su paso por la universidad jesuita mostró un profundo compromiso con la justicia social y con la posibilidad de una política fundada en la ética, el servicio y la dignidad.

Como figura pública, Carlos Manzo fue conocido por su postura frontal contra el crimen organizado y por ejercer la política desde la independencia y la exigencia. Su vida pública lo convirtió en un actor “incómodo”, y su muerte desnuda —una vez más— la fragilidad de las estrategias de protección y la normalización de la violencia política en México.

Informes preliminares señalan que, tras el ataque, uno de los agresores fue abatido y dos más fueron detenidos; las autoridades federales han iniciado la investigación con material de video y rastreo en el C-5, pero exigimos que esa investigación no quede en gestos ni discursos: debe ser exhaustiva, pública, independiente y orientada a descender la cadena de responsabilidad —desde los autores materiales hasta quienes ordenaron, financiaron o facilitaron el atentado—.

A la sociedad entera le corresponde preguntar y exigir: ¿cómo es que un acto cultural en la plaza pública, con decenas de asistentes, se convirtió en la escena de un homicidio político? ¿Por qué las medidas de protección no impidieron lo que tantas veces se previno? ¿Qué pacto de impunidad o de tolerancia permite que sigan cayendo presidentes municipales, periodistas y defensores en plena luz pública? No aceptamos respuestas tibias ni los ritos de solidaridad que solamente sirven para el espectáculo político. Exigimos responsabilidades concretas y plazos reales.

Manifestamos nuestra solidaridad con la familia de Carlos Manzo, con las y los habitantes de Uruapan y con todas las comunidades que viven bajo la amenaza constante del crimen organizado.

El asesinato de Carlos Manzo se suma a una cadena de impunidad con cero sentenciados en la ejecución de 9 presidentes municipales en el país. ¡Ya basta! Exigimos al Gobierno federal y a las autoridades estatales que:

1. Garanticen una investigación independiente, transparente y con acompañamiento ciudadano y de organismos de derechos humanos.
2. Apliquen toda la fuerza del Estado de derecho para desarticular a las organizaciones responsables y cortar sus redes de impunidad y protección.
3. Revisen de inmediato los protocolos de protección a servidores públicos y a líderes sociales, pues la vida pública no puede ser un certificado para la muerte.
4. Aseguren mecanismos de reparación integral y protección a testigos y familias.

No permitiremos que el asesinato de Carlos Manzo pase al cajón del olvido mediático o de los comunicados oficiales sin consecuencias. La política democrática requiere de valor y de garantías. Cuando la política se vuelve peligro, cuando el Estado no protege sino que exhibe debilidades, la democracia se desmorona. Exigimos respuestas claras, sanciones efectivas y que la sociedad reciba la verdad.