Tamaulipas, Veracruz y Tabasco son los únicos tres estados que ya trabajan bajo el nuevo esquema
Milenio
A poco más de cinco meses de que entró en vigor el nuevo modelo de acceso a la información en el país, 10 institutos locales de transparencia ya desaparecierony en cuatro estados, los congresos estatales no han presentado reformas para desaparecer o transformar a los suyos.
En Ciudad de México, Campeche, Chihuahua y Sinaloa no se ha detectado que los legisladores locales hayan presentado alguna iniciativa de reforma constitucional y legal para armonizar sus leyes con la reforma constitucional de diciembre del 2024.
Cuatro estados no han armonizado marco jurídico
A pesar de que la reforma constitucional que desapareció al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estableció que las legislaturas de las entidades federativas tendrían un plazo máximo de 90 días naturales a partir de que se expidieran las leyes secundarias para que armonizaran su marco jurídico, esos cuatro estados no han cumplido con ese mandato.
La reforma constitucional en materia de transparencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024 y las leyes secundarias se expidieron el 20 de marzo de 2025, por lo que los estados tenían hasta el 20 de junio de 2025 para armonizar sus leyes locales.
De acuerdo con el monitoreo que realiza la comisionada María del Carmen Nava, integrante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx), hasta ahora, en esos cuatro estados no se han presentado iniciativas de reforma para desaparecer o transformar a sus institutos de transparencia.
En otros seis estados ya se presentaron iniciativas para extinguir a los actuales institutos, pero no han sido aprobadas, y en 12 más ya se aprobaron las reformas, pero no han entrado en vigor, por lo que los institutos siguen operando.
Por otra parte, en otros 10 estados ya entraron en vigor las reformas locales y por lo tanto, ya se extinguieron los institutos.
¿Cuáles estados han cumplido con la reforma?
Los seis estados en donde hay iniciativa de reforma presentada son Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos; en este último ya se aprobó la reforma, pero no se ha publicado.
En Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo ya se aprobaron reformas, pero no han entrado en vigor.
En tanto, en Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Michoacán ya se extinguieron los institutos y en teoría, entró en vigor el nuevo esquema fragmentado de autoridades garantes de transparencia por cada uno de los poderes locales y de las instituciones autónomas.
De esos 10, en tres ya se conoció del inicio de operaciones del nuevo esquema: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Al participar en el Foro de Transparencia y la Reforma Constitucional, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Facultad de Derecho en Tijuana, Nava Polina destacó que el país se encuentra ante un proceso de “atomización de la transparencia”, donde se debilita la garantía efectiva de estos derechos al multiplicar el número de autoridades garantes, y se rompe el esquema de autonomía institucional que sustentaba el sistema democrático.
“Antes tocábamos 33 puertas, una por cada órgano garante; ahora, no sabemos cuántas ni dónde están. Hay estados sin instituciones operativas, y estamos viendo el regreso a modelos centralistas, controlados desde el poder ejecutivo local”, expresó la comisionada.
Aseguró que la desaparición del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, formalizada el 20 de marzo de 2025, marcó el inicio de un nuevo modelo fragmentado, carente de lineamientos comunes y con graves implicaciones para el acceso a derechos fundamentales.
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