- Debemos colaborar para empoderar y proteger los derechos humanos de las personas, y uno de los carriles es a través del derecho de acceso a la información pública, señaló la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.
- La organización civil Documenta presentó dos iniciativas: el Observatorio de Prisiones y el Observatorio de Discapacidad y Justicia.
Hoy estamos por enviar un exhorto a los sujetos obligados de la Ciudad de México, que hasta la fecha somos 147 en el padrón, solicitando que incorpore distintos elementos para poder garantizar información con matices enfocados a la población con discapacidad, puntualizó María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
La Comisionada Ciudadana participó en el webinar «Datos bajo lupa: observatorios como herramienta para la transparencia y rendición de cuentas», que organizó la organización civil Documenta.
En la presentación de dos iniciativas, el Observatorio de Prisiones y el Observatorio de Discapacidad y Justicia, hechas por Documenta, la Comisionada Nava Polina explicó que en 2019, desde la agenda de Estado Abierto se impulsó y realizó el Primer Diagnóstico de accesibilidad en las unidades de transparencia 2019. En donde la CDMX tuvo un índice de 40.8 puntos, donde el Poder Judicial obtuvo un índice de 61.7 puntos.
“Tenemos grandes áreas de oportunidad, quien lleva la delantera está al 70% (organismos autónomos) de accesibilidad, este diagnóstico refleja la situación de 2018, se levantó el año pasado, de tal manera que este exhorto que presentamos en el caso de la Ciudad de México incorpora las buenas prácticas que llevan a cabo desde organizaciones de sociedad civil y también distintas redes, de tal manera que podamos acercar a los entes públicos los elementos para facilitar su trabajo”, subrayó la Comisionada Ciudadana.
Informó que el área de Estado Abierto del INFO CDMX está por realizar el segundo diagnóstico en materia de accesibilidad en la ciudad para contar con una actualización de la realidad al 2020, para poder hacerse cargo de cómo facilitar el derecho al saber y el acceso a la información justo en torno a la materia de discapacidad.
Es un hecho -dijo- que requerimos sí o sí tener siempre en foco a los grupos en situación de vulnerabilidad y vemos que hay grupos poblacionales, como el caso de mujeres, donde hay vulnerabilidades acumuladas.
Nava Polina refirió que es necesario colaborar en empoderar y proteger los derechos humanos de las personas, y uno de los carriles es a través del derecho de acceso a la información pública.
La Comisionada Ciudadana subrayó la importancia y valor que representan las organizaciones que van acercando información y propuestas muy concretas para mejorar la realidad actual del país. “Es una necesidad de poder apropiarnos de ellas, de usar la información y también de poder acercarla a las instituciones públicas, ese es un trabajo que, desde Estado Abierto de la Ciudad, al menos en el área que yo coordino, buscamos hacer sí o sí y tenemos la puerta abierta de manera permanente”.
Puntualizó que los ejercicios de apertura tienen que ser una forma de trabajar, no un acto protocolario donde se llegue, se firme y se saque fotos, sino más bien que cooperemos en la cotidianidad, operemos con las personas que también tiene distintos retos como servidoras públicas.
Durante el webinar, Documenta explicó que las dos iniciativas presentadas tienen como propósito visibilizar la situación de las personas privadas de la libertad y las personas con discapacidad que se enfrentan al sistema de justicia en México.
El objetivo es identificar la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas, en particular, en contextos marcados por la opacidad como es el sistema penitenciario de nuestro país y también con relación a grupos que históricamente han sido invisibilizados, como son las personas con discapacidad.
En el evento participaron organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil como Documenta, Data Cívica, FUNDAR y Subdirección General Procuración Penitenciaria de la Nación, de Argentina, además del INFO CDMX.
En las diversas intervenciones, los expertos coincidieron que el sistema de justicia, en general, no ha visibilizado a las personas con discapacidad en las prisiones ni las condiciones en las que se encuentran.
Diana Sheinbaum Lerner, de Documenta, ejemplificó que “en los Tribunales Superiores de Justicia parecen no producir datos sobre personas con discapacidad, el número de personas que se enfrentan a procesos penales como víctimas, como testigos o como imputados. No sólo se habla del derecho al saber, sino al derecho a ser tomado en cuenta y aparecer en la producción de datos. Creemos que es una carencia que hay que visibilizar y sobre la cual hay que trabajar”.
A la pregunta sobre cómo se puede incidir con los sujetos obligados para que reconozcan que son ellos quienes tienen la obligación de generar información y producir datos que permitan reconocer la situación no sólo de las personas con discapacidad en general, sino que sean entes obligados de transparentar información, la Comisionada Nava Polina respondió:
“Por un lado, estamos ciertas que requerimos información y que es una obligación de ley, no es un asunto de voluntad, sí hay un mínimo que es un piso legal que tienen que cumplir las instituciones públicas para contar con información, y por otro lado, están los ejercicios de apertura institucional que también en el caso de la Ciudad de México, no es sólo de voluntad pública, sino un eje rector constitucional”.
Desde el INFO CDMX, señaló, hemos hecho concretamente tres acciones con un enfoque de ser útiles a distintos grupos en situación de vulnerabilidad, y uno de ellos es justo las personas que están privadas de libertad, sobre todo focalizadas a mujeres cis y mujeres trans en reclusión y reinserción.
Estamos trabajando, comentó la Comisionada Ciudadana, con una Red de Cuidad en Apertura, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, la académica, iniciativa privada, activistas de derechos humanos, instituciones públicas e incluso organizaciones o grupos de personas que tejan una mejora comunitaria.
