Posicionamiento de la comisionada Nava Polina sobre la audiencia que realizará la CIDH sobre la situación del DAI en México
El pasado 18 de octubre, el Pleno del INAI aprobó un acuerdo por el cual se autoriza a quienes actualmente integran ese órgano directivo asistir a la audiencia del 188º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América el día de mañana (9 de noviembre de 2023).
El propósito de su visita es atender la invitación que el INAI recibió para participar en la referida audiencia, con lo que las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y el comisionado Adrián Alcalá Méndez están presente en la sede de la CIDH para “emitir aquella información sobre la situación que guardan los derechos humanos que tutela” ese organismo garante.
A esta audiencia asistirán también 17 organizaciones de la sociedad civil mexicana, las representaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Estado de México, para exponer la situación de grave riesgo que atraviesa el derecho de acceso a la información y la autonomía de su organismo garante.
Recordemos que, a la fecha, el Senado de la República sigue siendo omiso en el nombramiento de las tres vacantes que actualmente tiene el Pleno del INAI, y que si dicho órgano de dirección puede sesionar es gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia en la controversia constitucional 280/2023, mediante la cual se autorizó que el Pleno del INAI pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes, siempre que sesione con la totalidad de los integrantes que actualmente lo integran.
La protección de los derechos que los organismos garantes tenemos la obligación de tutelar no se deriva únicamente de su reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es también un compromiso adquirido por el estado mexicano en distintos convenios y tratados internacionales.
Confiamos en que, pronto, la situación de excepcionalidad por la que actualmente transita el organismo garante nacional se resuelva de la manera en que nuestra constitución y la legislación nacionales prevén, y que el Senado de la República cumpla finalmente con su obligación legal. La Nación y el Derecho de Acceso a la Información Pública se los demandan.
