Posicionamiento de la comisionada Nava Polina sobre los 131 días sin que el Pleno del INAI pueda sesionar regularmente
Me interesa presentar un posicionamiento sobre los 131 días transcurridos desde que el Pleno del INAI no puede sesionar con regularidad, debido la omisión en que se mantiene el Senado de la República, al no realizar los nombramientos necesarios para completar la integración de dicho Pleno, o al menos para completar el quórum exigido por la ley, que son cinco personas.
Las organizaciones Fundar, Artículo 19 y Observatorio Ciudadano, en el Amicus Curiae presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitaron establecer un plazo límite para la designación de las tres personas comisionadas del INAI pendientes y que se permita a ese organismo garante sesionar con el número de integrantes de su pleno con los que cuenta actualmente. En la misma petición, “se advierte como una situación de alarma y evidencia de que el Senado y el Ejecutivo Federal incumplen sus obligaciones constitucionales con la intención de debilitamiento institucional de los organismos públicos de alta responsabilidad”, nos refiere una nota de SEM México, que nos indica la magnitud del problema. Y se añade que: “De acuerdo con el Observatorio de Designaciones Públicas se identifican hasta cien designaciones rezagadas de 19 organismos desde 2016, además de las que se acumulan durante este año.”
Reitero, como comisionada ciudadana, desde este organismo garante, mi invitación al Senado a que, sin mayor dilación, atienda su obligación legal, realice los nombramientos necesarios para completar la integración del Pleno del INAI, y permita, con ello, restaurar la plena garantía a los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en México
También quiero comentar comentar el caso de la ex titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, quien después de pasar más de tres años detenida, obtuvo finalmente una resolución favorable de un juez federal al amparo que promovió contra la prisión preventiva, una medida que no resultaba procedente de manera automática por los delitos que se le imputan. Yolli García fue encarcelada, nos recuerda una nota de Animal Político, a pesar de que varios factores, entre ellos, su delicado estado de salud, y distintas violaciones a Derechos Humanos que recibió, indicaban que no había riesgo de fuga.
Por la resolución judicial resultante del amparo que promovió, Yolli García, quien también fue Coordinadora de los Órganos Garantes del SNT, enfrentará el proceso que se le sigue en Veracruz, en resguardo domiciliario, presentando una fianza de 500 mil pesos, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de esa entidad federativa, en tanto concluye su juicio.
En un entorno político viciado de acusaciones y presiones contra los organismos autónomos, y especialmente contra los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, resulta muy difícil no leer estos hechos desde un prisma de preocupación: Bien lo ha dicho la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra: cuando cumplimos nuestro trabajo, los organismos autónomos resultamos incómodos ante el poder porque nos posicionamos “como un medio de defensa social y público ante los abusos y arbitrariedades de algunas instituciones públicas reticentes a entregar información”. Y como lo ha referido la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, también integrante del Pleno del INAI: los órganos autónomos del país enfrentamos un asedio y se intenta debilitarnos.
El debate abierto en la arena político no puede traducirse en amenazas a los órganos del estado que equilibramos y que buscamos moderar el ejercicio del poder, sin que esto también amenace el orden constitucional. El debate franco de las diferencias que reflejan nuestra pluralidad no puede abrir espacios al uso de la violencia política, mucho menos, a la violencia política por razones de género. Nuestra fortaleza es el ejercicio imparcial de nuestra autonomía, no como un fin en sí misma, sino como un recurso necesario para la defensa de los derechos de quienes no tienen otra defensa.
Que violaciones flagrantes del Derecho, como lo que se cometió contra Yolli García a través de estos más de tres años, no vuelvan a ocurrir en nuestro país y que, además, cuente ella con una completa reparación del daño. Que la amenaza no se ejerza como recurso del poder público. Que se respete la autonomía, particularmente cuando resulta incómoda a las instituciones del estado.
Gracias.
