Posicionamiento relativo a la renuncia de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Solicité el uso de la voz para fijar un posicionamiento sobre la renuncia de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México que dieron a conocer el pasado 16 de febrero, en el marco de su informe anual de actividades, y que fue notificada a este Instituto como parte del Comité Coordinador.
Las actividades que desarrollaron desde el CPC durante todo este tiempo sin contar con los recursos necesarios para funcionar, con solo tres cinco integrantes y sin tener certeza de una presidencia que les permitiera dirigir los trabajos del Comité Coordinador, es algo que debemos reconocerle a Ilian Fabiola Maldonado, Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz y Jorge Alberto Vázquez Segura. Mi solidaridad y por supuesto agradecimiento por su labor emprendida a contracorriente y con sus propios recursos.
Estas renuncias, que se suman a la del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo y la de otro de sus integrantes del Comité de Participación Ciudadana, son el resultado de un sistemático abandono del Sistema Anticorrupción de la capital del país.
Como el propio texto de la renuncia lo señala: la falta de recursos ha redundado en que no se hayan podido realizar diversas acciones que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México mandata. Como son: las políticas para prevenir hechos de corrupción y de rendición de cuentas, los mecanismos para el aprovechamiento de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, la coordinación de autoridades en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, entre otras cuestiones.
La Asamblea del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que surgió en 2015 gracias a la activación de la sociedad civil organizada y con el apoyo, en su momento, de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, hoy en día no cuenta con la representación del CPC de la Ciudad de México.
El debilitamiento de las instituciones encargadas de crear e implementar la Política Anticorrupción de la Ciudad, ya sea por vía de desaparición o reducción de su presupuesto, se hace todavía más incomprensible en una ciudad donde 9 de cada 10 personas adultas piensan que los actos de corrupción son muy frecuentes, de acuerdo con el INEGI; donde apenas 6.20% de los hechos delictivos son denunciados y se registran importantes retrocesos en el Estado de derecho, de acuerdo con estudios como el de World Justice Project.
Por otro lado, el Congreso de la Ciudad de México, considero, debería revisar el esquema con el que se había previsto procurar recursos al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, toda vez que ha resultado inoperante para hacer cumplir la Constitución y las leyes en la materia.
Y como lo ha manifestado la Red de Comités de Participación Ciudadana en su comunicado de ayer: disminuir o de plano negar las condiciones presupuestales mínimas para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción sienta un preocupante precedente de retroceso deliberado.
En suma, creo que esta situación debe encender alertas. Es fundamental que instituciones y personas que formamos parte tanto de los sistemas anticorrupción, como de transparencia en los ámbitos nacional y local, podamos generar mecanismos para la articulación efectiva, en clave multiactor y multinivel, para analizar los riesgos y generar respuestas ante la problemática que se presenta.
Es cuanto, muchas gracias.
