Lo que se deja de saber sin garantes de transparencia
Observamos que en marzo y abril de 2020, la interrupción del derecho a saber llegó a su máximo con 32 de 33 organismos garantes con plazos suspendidos
En la Ciudad de México resolvemos en promedio 13 inconformidades diarias, conforme cifras de los últimos 5 años y medio. Son quejas sobre las respuestas a la información pública que pidieron, o sobre sus datos personales. Más de 27 mil casos desde 2019 que señalan un camino que utiliza la sociedad para pedir que se dé garantía a estos dos derechos humanos.
La capital del país está en el tercer lugar de entidades federativas que más inconformidades ha recibido, conforme a cifras del Censo Nacional de Transparencia del INEGI 2023 En todo el país fueron más de 80 mil casos para garantizar el derecho a saber, de los cuales los 32 garantes locales recibimos y resolvimos el 72%.
Estos números refieren las veces en los que la sociedad -en un primer momento- dejó de conocer la información que le interesaba y tuvo -en un segundo momento- que litigarla a través de presentar recursos de inconformidad ante alguno de los 33 garantes, para que resolviéramos dar a conocer la información y/o, en dado caso, protegerla por violación a datos personales. Y estas son cifras en tiempos de funcionamiento regular de las instituciones del Estado.
En periodos de alto riesgo como fue la Pandemia de COVID19, hubo consecuencias en la garantía del derecho humano a saber. António Guterres, secretario general de la ONU en abril de 2020, hizo el llamado internacional de que “más que nunca, los gobiernos tienen que ser transparentes, receptivos y responsables”. De ahí que monitoreamos las determinaciones de los garantes para continuar con los plazos de ley para garantizar los dos derechos humanos.
Observamos que en marzo y abril de 2020, la interrupción del derecho a saber llegó a su máximo con 32 de 33 organismos garantes con plazos suspendidos. El monitoreo de #CuarentenaEnTransparencia tuvo ese objetivo. Documentamos que incluso con plazos habilitados, actores e instituciones públicas llegaron a declarar unilateralmente un calendario distinto al que determinaba el garante, como fue en la Ciudad de Mexico. Para julio de 2021, 104 de 148 sujetos obligados se encontraron inactivos, lo que generó un costo público que se reflejó en la cantidad de inconformidades de las personas que fueron desechadas por suspensión de plazos.
Lo que busco ilustrar hasta aquí es que cualquier persona que esté interesada en saber sobre información pública en México, sabe el camino legal qué recorrer; el cómo hacer valer estos derechos humanos. Con la propuesta de reforma que está en valoración de la cámara baja en el Congreso de la Unión para eliminar a las instituciones que hasta el momento han velado por contar con transparencia, brinda la oportunidad de visibilizar su aportación a la sociedad.
En el diseño constitucional actual se habilita a las autoridades del derecho a saber la responsabilidad de exigir su garantía ante actores e instituciones públicas que tienen deficiencias en estas materias. En lo que va del Siglo XXI, México ha sido reconocido en el mundo como un referente en transparencia debido a la calidad de su marco normativo y a la solidez de su andamiaje institucional. Como prueba, el Índice del Derecho a la Información (RTI por sus siglas en inglés) que elaboran Access Info Europe y el Centro para la Ley y la Democracia han colocado a México consistentemente en los primeros lugares de esta métrica mundial, ocupando el primer lugar en dos ocasiones: 2016 y 2017.
Las reformas que se han conseguido a partir del impulso de organizaciones de la sociedad civil, la academia, medios de comunicación y personas servidoras públicas comprometidas con ampliar cada vez más los alcances del derecho de acceso a la información (DAI), han colocado a México, en cada ciclo de evolución normativa, como un ejemplo a nivel internacional a partir de los altos estándares que se han establecido para el acceso a la información pública.
Entre los más importantes se pueden señalar: el establecimiento de importantes garantías procedimentales para el ejercicio del DAI, la creación en cada institución gubernamental de una unidad administrativa encargada de procesar las solicitudes de acceso a la información pública, la homologación de las previsiones normativas e institucionales para ejercer el DAI en todo el país, el fortalecimiento de los órganos garantes del acceso a la información, el INAI a nivel nacional y los 32 órganos garantes locales, al dotarlos de autonomía constitucional y dar a sus resoluciones el carácter de inatacabilidad, la creación de un sistema de coordinación en materia de transparencia y acceso a la información que es el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y, finalmente, la afirmación explícita de que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
En la Ciudad de México, las más de 27 mil resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) que fueron aprobadas desde 2019 hasta el primer semestre de este año han permitido a las personas conocer información de temas tan relevantes como: la calidad y contaminación del agua que fluye por la red hídrica de la CDMX, así como la que se distribuye a través de pipas; información sobre el proceso de reconstrucción tras los sismos que sacudieron a la ciudad el 19 de septiembre de 2017; información relacionada con el mantenimiento, reparaciones, peritajes, licitaciones, contratos, averiguaciones previas y atención a personas damnificadas por la caída de dos vagones de la Línea 12 del Metro, así como información referida en general a la red de movilidad integrada de la CDMX; padrones de personas beneficiarias de los programas sociales que operan en la ciudad así como de su transparencia en general para asegurar su eficacia, evitar su opacidad y prevenir su uso con fines clientelares; información sobre transparencia de programas y acciones sociales en pandemia por COVID-19.
La posibilidad de contar con esta información a partir de las resoluciones del Info CDMX, así como lo que hacen respectivamente el resto de garantes de la transparencia en cada entidad y el INAI a nivel nacional, son evidencia del valor público que representa contar con este tipo de instituciones: su trabajo como garantes de un derecho humano como lo es el DAI se traduce en la vida de las personas en bienestar, justicia y dignidad.
La columna se puede consultar directamente en El Heraldo.
