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El Pleno del Instituto revocó la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar y ordenó la entrega de copias certificadas del acuerdo de pensión por invalidez solicitado.
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La Comisionada María del Carmen Nava subrayó que el acceso a los datos personales es un derecho irrenunciable, incluso cuando la persona ya cuenta con una copia del documento.
Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina presentó la resolución del recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.M.0002/2025, relacionado con una solicitud de acceso a datos personales formulada ante la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
El caso se refiere a la solicitud de una persona para obtener copias certificadas de un acuerdo de pensión por invalidez, del cual ya contaba con número y fecha. A pesar de ello, la institución negó la entrega bajo el argumento de que el documento ya le había sido proporcionado en su momento, lo que llevó a la persona a presentar un recurso de revisión ante el INFO CDMX.
Tras el análisis jurídico correspondiente, la ponencia a cargo de la Comisionada Nava concluyó que la negativa fue infundada, ya que el derecho de acceso a datos personales implica poder obtener, en cualquier momento, la documentación que contenga dicha información, sin que exista impedimento si la persona ya posee una copia previa.
Ante esta situación, el Pleno del INFO CDMX resolvió revocar la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar y le instruyó a entregar las copias certificadas solicitadas, informar sobre su costo y el procedimiento para obtenerlas, así como indicar los requisitos para acreditar la identidad de la persona solicitante, todo ello en un plazo de diez días hábiles.
Al posicionar el caso, la Comisionada explicó que las pensiones se clasifican en contributivas y no contributivas, las primeras son aquellas en las que las personas, sus empleadores y el Estado estuvieron aportando cuotas a través de alguno de los sistemas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE. Las no contributivas provienen del erario y son para personas que se encuentran en vulnerabilidad por edad, condiciones socioeconómicas o de salud. Además, las pensiones contributivas se dividen en cesantía por edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, viudez y orfandad.
Añadió que, de acuerdo con proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población, en 2025 en nuestro país el 13% de los habitantes es mayor de 60 años y el 9% mayor de 65. En diez años, para el 2035, las personas mayores de 60 serán el 17% y de 65 años el 12%, lo que en números absolutos son 24 y medio millones de personas y 17 y medio millones respectivamente.
“Esto representa una fuerte presión para el financiamiento de los sistemas de pensiones y también para el erario. Si a ello sumamos las demás pensiones entre las que se encuentran las de invalidez, el tamaño del reto es todavía mayor”, afirmó la Comisionada.
No obstante, para quienes tienen derecho a cualquier tipo de pensión las instituciones encargadas deben velar porque se cumplan las condiciones en que se hubiera otorgado este beneficio.
La Comisionada Nava destacó que garantizar el ejercicio efectivo de los derechos ARCO —Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición— es fundamental, especialmente en temas sensibles como las pensiones por invalidez. Asimismo, subrayó la importancia de resolver con empatía y transparencia las inconformidades de las personas, en congruencia con los principios de la justicia abierta y los derechos humanos.
Finalmente, recordó que prácticas internacionales, como las implementadas en España, muestran que es posible ofrecer mecanismos digitales para facilitar el acceso a documentos relacionados con pensiones, lo que debería ser un referente para mejorar el servicio público en México.
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