Resultados de la Evaluación de Transparencia Censal 2023
Saludo con mucho gusto a las personas que dan seguimiento a la transmisión de esta sesión. Y estamos muy contentas de realizar la presentación de la propuesta de acuerdo a consideración de este Colegiado, que incorpora los resultados de la Evaluación de Transparencia Censal 2023 realizada por este órgano garante a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, área que coordino y forma parte del equipo de Estado Abierto.
Merece detallar lo que implica una evaluación para los órganos garantes en el país: se trata de verificar la primera capa de información a la que acceden las personas, es decir, que estén disponibles cada uno de los datos que se deben registrar como parte de las obligaciones de transparencia que marca la Ley, que la información cumple con los periodos de actualización; que indican las áreas que la generaron, que encuentre organizada y sistematizada en los formatos establecidos y que permitan su reutilización.
La evaluación censal, implica la revisión de la información en los repositorios públicos de 145 sujetos obligados. Las leyes de transparencia establecen la información que debe publicarse y es la que se verifica si existe o no.
A través de los repositorios públicos, las personas pueden acceder a la información que tienen disponible los sujetos obligados en los portales de Internet. En el caso de que identifiquen la ausencia de información; así como existe el recurso de revisión para las quejas de las respuestas que se otorgan a las solicitudes de información, las personas pueden acudir a este garante para interponer una denuncia por vacíos de información pública.
En la evaluación se valora la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que representa la mitad de la calificación, y en el portal de transparencia institucional da la otra mitad de la calificación; ambas integran el Índice Global de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia en una escala que va de 0, cuando no se tiene información, hasta 100 puntos, que es cuando se alcanza un cumplimiento total en la publicación del piso mínimo de información requerido por Ley.
Mi exposición la dividiré en tres partes: metodología, resultados y recomendaciones.
Metodología
La evaluación se desarrolló entre junio y noviembre de este año, lo que nos da una fotografía de transparencia en la fecha que se realizó la verificación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un actor público se verificó en junio, se revisó que la información estuviera actualizada al primer trimestre de este año, en cambio, si fue verificado en agosto, se revisó que la información estuviera actualizada al segundo trimestre. De esta forma, el 19% de las evaluaciones reflejan la fotografía de transparencia al primer trimestre, y el 81% muestra la fotografía al segundo trimestre de 2023.
Principales resultados
Parte de las buenas nuevas que tenemos con esta evaluación, es que se observa la publicación de más información. Quiero destacar que el Índice Global de Obligaciones de Transparencia, que muestra el promedio general de cumplimiento, en esta evaluación es de 79.11 puntos, el valor más alto de todas las evaluaciones censales que hemos realizado desde la correspondiente a información de 2019.
Como se puede observar en la gráfica hay un incremento que solo se vio afectado por la pandemia, y en la que se aprecia que pasamos de un promedio de 66.44 puntos en 2019 a 79.11 puntos en 2023.
En esta verificación, observamos que se publica más información en la Plataforma Nacional de Transparencia que en los portales institucionales, ya que el promedio de cumplimiento en el primer caso es de 80.5 puntos, mientras que en los portales institucionales fue de 79.6 puntos.
Al analizar los resultados por ámbito público, 8 de los 10 tuvieron un promedio de cumplimiento superior a la media. El Poder Judicial obtuvo un promedio de 100 puntos, la Administración Pública Central 99.18; el Poder Legislativo 97.97; los órganos autónomos obtuvieron un promedio de 93.11 puntos; las alcaldías 87.14; los partidos políticos 87.03 puntos; los organismos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares 83.92 puntos; fondos y fideicomisos públicos 83.67. En el otro extremo se ubica la persona moral que ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad con 39.04 puntos y los sindicatos con 24.62 puntos.
Además, por primera ocasión en una evaluación censal, se contó con las versiones públicas de las sentencias actualizadas por parte del Poder Judicial y el Info alcanzó el cumplimiento total; les reconocemos el esfuerzo en esta tarea.
De los 145 sujetos obligados evaluados, 38 obtuvieron 100 puntos, es decir, cumplieron con el piso mínimo establecido por ley; 70 más oscilaron entre 99.9 y 80. Lo que implica que 74 por ciento de las instituciones y actores públicos están por encima del 80% de transparencia conforme a la aplicación de los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia.
Adicionalmente, 10 sujetos obligados obtuvieron entre 79.9 y 60 puntos; 15 obtuvieron entre 59.9 y más de 1 punto. Finalmente, hay 12 sujetos obligados con cero puntos, la mayoría de estos últimos casos corresponden al ámbito de los sindicatos.
La importancia de cumplir con el piso mínimo de información que marca la Ley, es esencial para que las personas puedan contar en cualquier momento con información completa, actualizada y que puedan conocer cómo se ejerce la gestión y recursos públicos. Más aún de cara al proceso electoral 2024, que en la capital del país se elegirá la Jefatura de gobierno, 66 diputaciones locales, 16 alcaldías y 204 concejalías. Ante ello, y por los cargos probables de aspiración a reelección, es indispensable contar con transparencia en los distintos ámbitos públicos, pero sobre todo en el Congreso, en las alcaldías y en las instituciones de la Administración Pública Central.
Las calificaciones obtenidas por institución y actor público, son las siguientes:
¿Cómo logramos llegar a estos resultados?
Estos resultados son el reflejo del trabajo constante de la labor que realizan casi 4 mil ventanillas de transparencia [i] en todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, que están a cargo de generar, recabar, procesar y publicar la información que la norma exige poner al alcance de las personas sin que se tenga que preguntar por ella a través de una solicitud.
Además, por parte del equipo de Estado Abierto se brindaron 3,005 asesorías técnicas especializadas a los sujetos obligados, desde 2019; y también, desde ese año se realizaron 44 sesiones en el marco de las jornadas de asesorías programadas para apoyar a las personas que trabajan en los actores públicos, con el fin de ampliar el conocimiento en diversas temáticas, tales como apertura institucional y sus elementos; lineamientos de evaluación y sus cuatro reformas; lenguaje sencillo y el derecho a entender; comités de transparencia, así como en medidas de accesibilidad y ajustes razonables, entre otros temas. Con ello, también se abona a uno de los objetivos que establecimos en el Plan Estratégico de Estado Abierto, que fue disminuir el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia, y esto se aprecia, como lo comenté previamente, en el incremento del promedio obtenido a lo largo de los años.
Detección de buenas prácticas
En el proceso de verificación, nos dimos a la tarea de identificar las buenas prácticas que los sujetos obligados implementan en la publicación de sus obligaciones de transparencia, entre ellas quiero destacar que:
- 120 sujetos obligados publican información en lenguaje sencillo, claro y entendible para cualquier persona.
- En 1 de cada 5 sujetos verificados, la información de las obligaciones de transparencia es de fácil acceso y navegación que facilita su consulta (21%).
- Se encontró que 115 sujetos obligados concentran la información en un solo formato y no por unidad administrativa (20%).
Como área de oportunidad que se observa en esta Evaluación Censal 2023, es la necesidad de intensificar la difusión entre los sujetos obligados de los conocimientos y bases normativas para la publicación de los instrumentos archivísticos, ya que muchos de los que no alcanzaron los 100 puntos fue por la ausencia de información.
¿Qué sigue?
Luego de la aprobación de este Acuerdo, se procederá a notificar a cada sujeto obligado su dictamen de la Evaluación Censal 2023 y los 107 que obtuvieron menos de 100 puntos deberán atender las recomendaciones y observaciones, en un plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación del Acuerdo de Evaluación.
Concluido el plazo, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación comenzará una nueva verificación a los portales institucionales y de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de comprobar si fueron solventadas las recomendaciones y observaciones.
Además, quiero comentar que continuaremos con la estrategia de disminuir las brechas de incumplimiento en las obligaciones de transparencia, basada en las asesorías técnicas especializadas como parte del acompañamiento a los sujetos obligados.
También aprovecho para anunciar que derivado de las verificaciones de esta Evaluación Censal 2023, publicaremos un estudio focalizado en cuatro temas que son de gran interés para las personas, y están directamente relacionadas con la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos como lo son 1) las contrataciones de bienes o servicios; 2) las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de las personas servidoras públicas; 3) los programas sociales y 4) las concesiones o autorizaciones para el aprovechamiento de bienes o servicios públicos.
Con ello concluyo la presentación de resultados. Los dictámenes de evaluación, así como esta presentación, están publicados en el micrositio de EvaluaciónCDMX que está en el portal del Info.
Quiero reconocer la labor realizada por quienes integran el equipo de Estado Abierto, e intervinieron directamente en las distintas tareas asociadas a esta evaluación, puesto que realizar una evaluación implica la revisión de 335 fracciones con hasta 1,020 formatos, lo cual demanda una gran capacidad de organización para tener las evaluaciones en tiempo y a la vez, atender el resto de las actividades. Por ello quiero reconocer a Anabel Mora; Andrea Angelini; Claudia Vázquez; David Jiménez; Ulises Pérez; Manuel Esparza y Sonia Quintana, así como a quienes intervinieron para la presentación de resultados y su comunicación: Zulema Oviedo, Melisa Romero, Lourdes García, José Hernández, Nancy Ruíz y Soledad Rodrigo.
Sería cuanto.
Réplica
Únicamente para contextualizar, el caso del Comité de Participación Ciudadana, los integrantes renunciaron hasta este año, el 16 febrero de este año. Por ende el cumplimiento de obligaciones de transparencia e información está y se evaluó. Y finalmente refiero que el sistema local anticorrupción está integrado por nueve instituciones, por un lado quienes integran el Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización; la Auditoria Superior de la Ciudad de México; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Ciudad de México; la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Info de la Ciudad de México; el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el Órgano de Control Interno del Congreso de la Ciudad de México; el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; y una persona representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Este acuerdo señala que los resultados serán comunicados a quienes integran este sistema anticorrupción de la Ciudad, dado que hay una corresponsabilidad en el funcionamiento y activación de este sistema. Hay que recordar que esta es la única entidad federativa que no cuenta con esta Secretaría que encabeza el Sistema Local Anticorrupción.
[i] *Nota: las ventanillas de transparencia se calculan a partir del Cuestionario Unidades de Transparencia 2023, comprendido por 2,751 Unidades Administrativas que integran estructura orgánica, y 1,033 Unidades Administrativas que participan en la publicación de obligaciones de transparencia.
