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La falta de una política y de instrumentos normativos de apertura informativa en situaciones de emergencia ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos.
En el ámbito público habríamos de promover las tres erres: Recursos-Resultados-Rendición de Cuentas ¿Cómo se gastan los recursos y qué se aporta? Cabe cuestionar frente a la realidad tan cruda que arroja la pandemia por COVID-19.
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a las instituciones de representación legislativa. ¿Qué reformas y actividades han realizado para que las decisiones cuenten con legalidad? Compartimos algunas experiencias internacionales y lo que ha ocurrido en los congresos locales en México.
Ha habido una especie de cuarentena en la actualización de información de transparencia, lo que implica que las personas no tienen la posibilidad de saber, de conocer, de supervisar las decisiones tomadas en torno a COVID19 -y del resto de temas-.
Si alguien nos hubiera preguntado cómo se vería el mundo en el 2020, definitivamente no habríamos sido capaces ni de imaginar ni de describir que un virus nos tendría -al mismo tiempo y a la mayor parte de la población- en una situación de confinamiento, de medidas de sana distancia, y de empezar a hablar de una nueva normalidad. La realidad siempre supera a la ficción.
La lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si lavarse las manos con agua limpia y jabón, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable.
La resiliencia es la capacidad de las personas de adaptarnos positiva y constructivamente a situaciones adversas. A dos años del sismo del #19S en la Ciudad de México ¿Qué hemos aportado para construir resiliencia? ¿Tenemos protocolos de actuación, de información ante cualquier tipo de desastre que ocurriera? El reto de transparentar los recursos y la toma de decisiones de los trabajos de la reconstrucción queda corto, si lo comparamos con el reto de generar cultura de prevención y protección civil para salvaguardar la vida propia. Pero ambos son indispensables.
La Ciudad de México cumple con el 27.5% en opacidad judicial de acuerdo con el reporte de #InJusticiaAbierta que realizó Equis Justicia. Esta cifra revela el grado de apremio que habríamos de imprimir en la apertura del trabajo cotidiano de las instituciones judiciales.
El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX) será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.
En breve: la Ciudad de México cuenta con disposiciones para ser Estado abierto, a través de mecanismos de rendición de cuentas, de participación, de fiscalización, de combate a la corrupción, de la difusión de la actividad pública. Por ende, 2019 habrá de ser un parteaguas para cualquier autoridad local. No hay pretextos para no ser una Ciudad Abierta. Es el gran reto.

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