¿Transparencia para el Pueblo? Seis meses y contando
Reforma
Mirna Ramos
(14 julio 2026)
MONTERREY.- Más que facilitar el acceso a la información, como se prometió, Transparencia para el Pueblo le pone trabas.
Ni siquiera cuando la información existe y el sujeto obligado accede a entregarla hay garantía de que la misma llegue al solicitante de manera ágil.
Así lo experimentó Grupo REFORMA, luego de solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) federal desde el pasado 14 de enero -hoy exactamente hace seis meses- copias de un documento sobre un proyecto de reuso de agua potable en Nuevo León.
Pese a que la respuesta inicial el 3 de febrero fue positiva, asegurando que sí se entregaría lo solicitado y se pagaron los 8 pesos cobrados por la dependencia por las copias, la información aún no se entrega.
Y es que a partir del año pasado hay un nuevo paso burocrático: todo pago tiene que ser validado por Transparencia para el Pueblo, organismo del Gobierno, pero sin que exista un plazo límite para hacerlo.
Esto es, lo que antes tardaba días en entregarse, ahora puede llevarse medio año… o más.
Transparencia para el Pueblo, que depende de la Secretaría Anticorrupción federal, es el órgano que desde mayo de 2025 sustituye al extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que era autónomo.
El proceso impuesto por el nuevo organismo contrasta con el que existía anteriormente y en el cual el INAI no intervenía en el proceso de solicitud de información ni validaba pagos, lo que prolonga indefinidamente los plazos.
El INAI se concentraba en atender los recursos de revisión presentados por los ciudadanos inconformes con las respuestas o falta de información de las dependencias federales.
El 14 de enero de este año, Grupo REFORMA solicitó a la Conagua un oficio relacionado con los permisos solicitados por Agua y Drenaje de Monterrey para el proyecto de Reuso Potable Indirecto.
La Unidad de Transparencia de la Conagua respondió el 3 de febrero que sólo tenía el documento en formato físico, pero que lo entregaría previo pago de 8 pesos, sin informar en dónde se tendría que pagar ni adjuntar alguna orden o formato de pago.
Después de tres correos y una llamada, por fin el 10 de febrero la dependencia envió un documento para pagar los 8 pesos en cualquier sucursal del Banco HSBC.
Según el personal de la Unidad de Transparencia de la Conagua, una vez remitido el comprobante de pago -lo que ocurrió el 11 de febrero-, el solicitante recibiría un nuevo correo para avisarle que el pago fue validado y que podía pasar a recoger la documentación solicitada.
Pero esa respuesta nunca llegó.
Grupo REFORMA hizo contacto nuevamente el 20 de febrero, el 4 y 18 de marzo, el 8 de abril y el 26 de mayo para preguntar el estatus del caso, pero en todas las ocasiones la respuesta fue la misma: la Unidad de Transparencia no puede entregar la información si Transparencia del Pueblo no valida el pago realizado.
En las cinco ocasiones, los operadores de la Unidad informaron haber consultado con los abogados a cargo, y que éstos señalaron que ya habían remitido el comprobante de pago a la autoridad garante federal, pero no hay un plazo máximo para que Transparencia para el Pueblo haga la validación.
En la llamada del 26 de mayo, una empleada de la Unidad de Transparencia de la Conagua dijo que hay mucha gente inconforme, pero que no pueden hacer nada porque así son los procedimientos.
«Ya sabe que cambian la jugada, quitaron al INAI, pusieron Transparencia para el Pueblo, y ahora nos tardan», explicó. «Mucha gente está inconforme, pero, pues, ¿qué hacemos?
«No nos queda más que apegarnos a los lineamientos. Yo sé que es muy desesperante para usted», continuó, «pero ahora sí que no nos podemos saltar ese paso porque es nuestra autoridad».
En un último contacto el pasado 10 de julio, la respuesta fue la misma: Transparencia para el Pueblo sigue sin responder.
María del Carmen Nava Polina, ex Comisionada de Transparencia en la Ciudad de México, consideró que esto es inaceptable y afecta el derecho a saber de los ciudadanos.
«Esta parte de validación del pago para mí, en sentido estricto, es una suspensión de garantía del derecho a saber», dijo. «No se justifica, porque ni siquiera ya están en los tiempos de transición.
«Ya es una falta tal cual del proceso, de la aplicación de la Ley y, bueno, es inexplicable. O sea, no hay manera de aceptar cualquier dilación».
Y, sin embargo, la dilación sigue medio año después.
