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En el II Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX participó en el Panel “Análisis de la Innovación y la Gobernanza en el Estado Mexicano”.
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Subrayó la relevancia de contar con información pública íntegra, verificable y útil para mejorar la toma de decisiones, reducir desigualdades y garantizar derechos humanos.
La Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, María del Carmen Nava Polina, participó en el Panel: “Análisis de la Innovación y la Gobernanza en el Estado Mexicano”, como parte de la agenda del II Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, que se realizó en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, España, y que fue impulsado por 18 instituciones internacionales dedicadas al estudio del gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante su intervención, reflexionó sobre la calidad e integridad de la información pública, elementos que consideró esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y la efectividad de las políticas públicas. “La apertura institucional debe ir acompañada de datos confiables, verificables y completos; de lo contrario, la transparencia se vuelve meramente formal”, afirmó.
En su exposición, la Comisionada compartió la experiencia del INFO CDMX en la elaboración de diagnósticos sobre programas sociales y la gestión del agua en la Ciudad de México, como ejemplos de transparencia proactiva y análisis aplicado para fortalecer la gobernanza democrática.
“A mí siempre me ha gustado ubicar para quiénes trabajamos, para qué queremos investigar, qué es lo que nos va a arrojar las propuestas de investigación que vamos a realizar. Y en el caso mexicano estamos hablando de que prácticamente el 30% de la población está en pobreza y cómo podemos reducirla, a partir de la investigación sobre la utilidad del uso de recursos públicos”, expresó Nava Polina.
En ese sentido, la Comisionada detalló que uno de los diagnósticos elaborados por el Instituto en 2023 analizó la calidad de la información de los programas y acciones sociales en la capital, encontrando deficiencias en la publicación y actualización de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
“Solo encontramos disponible el 32% de la información pública sobre programas sociales, cuando debería estar toda cargada. Este tipo de hallazgos evidencian la necesidad de mejorar la integridad de la información”, explicó.
Asimismo, señaló que la revisión de la Cuenta Pública permitió identificar que solo una cuarta parte de los padrones de personas beneficiarias de programas sociales estaban disponibles, pese a que su publicación es una obligación legal. “Estos datos deben estar accesibles sin necesidad de solicitudes, y nos encontramos con muchas sorpresas sobre su ausencia o incompletitud”, apuntó.
Otro estudio que se realizó -dijo la Comisionada-, fue sobre la gestión del agua en la Ciudad de México, en el que encontramos que la mayoría de las solicitudes ciudadanas se centraban en el pago de derechos o beneficios, pero no en la calidad del líquido.
“Nos dimos cuenta de que, incluso ante un contexto de contaminación reconocida por la autoridad local, había poca información pública disponible sobre los riesgos y las medidas adoptadas”, señaló.
En ese sentido, advirtió que, sin acceso a información ambiental confiable, México no podrá cumplir con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el derecho a la información en materia ambiental y la participación ciudadana.
“Sin información no habrá manera de que México cumpla con el Acuerdo de Escazú. La calidad e integridad de los datos son la base para garantizar derechos como la salud, la calidad de vida y el acceso al agua”, enfatizó.
La Comisionada invitó a las personas asistentes a consultar los diagnósticos y estudios elaborados por el INFO CDMX, disponibles en línea, y a sumarse a la discusión sobre cómo mejorar la calidad e integridad de la información pública. “La transparencia no solo se trata de publicar datos, sino de asegurar que sean útiles, íntegros y que realmente sirvan a la sociedad”, concluyó.
Finalmente, destacó que, tras revisar información de directorios y salarios disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, se integró un análisis de más de ocho mil sujetos obligados en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, detalló que de 154 actores públicos revisados, sólo 122 contaban con información completa publicada, lo que refleja la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y la actualización constante de los portales institucionales.
Subrayó que la investigación permitió identificar brechas salariales y la ausencia de una perspectiva de género en los datos registrados, lo cual debe atenderse mediante políticas públicas más equitativas y con enfoque de derechos humanos. Asimismo, resaltó que el estudio propone metodologías aplicadas que aprovechan la información ya existente para incidir en decisiones públicas, enfatizando la relevancia del acceso y la permanencia de la información como pilares fundamentales para la transparencia y la igualdad sustantiva.
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