Información profesional y laboral de personas servidoras públicas

Resolución del expediente INFOCDMX/DLT. 0064/2025 sobre información profesional y laboral de personas servidoras públicas

 

Antecedentes del caso

Me interesa hacer la exposición de este caso acerca de la denuncia por vacíos de información 0064/2025 en contra de la Alcaldía Benito Juárez.

La persona denunciante señala que respecto a la información curricular de personas servidoras públicas de la alcaldía para el segundo trimestre del 2025 hay sólo 165 registros, mientras que en el 2024 había 620.  Observa que faltan registros de personas que continúan trabajando en la alcaldía. Por otra parte, apunta que respecto a las declaraciones de situación patrimonial remite al sitio de la Contraloría y que con relación a la información financiera muestran una misma tabla para todos los conceptos.

 

Análisis de la ponencia

A partir del estudio y análisis por parte de mi ponencia, y después de hacer una revisión con base en los lineamientos aprobados por este Pleno para la evaluación de obligaciones de transparencia, tanto en los portales electrónicos de la alcaldía, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se determinó a través del dictamen emitido por el área correspondiente que no cumple de forma completa con la publicación, por lo que la denuncia resulta parcialmente fundada.

En el portal institucional se observa respecto al número de registros de personas servidoras públicas, que si bien la suma de todo el 2024 es de 620, esto es porque en cada trimestre se reportaron 155, lo que no significa que en un mismo momento hubieran estado registradas 620 personas distintas.

No obstante, en los campos de experiencia laboral, la alcaldía no funda ni motiva la causa por la cual no se encuentra publicada la información.  Para todo el 2024, existen registros vacíos en los rubros de nivel máximo de estudios y carrera genérica.  Además, varios de los hipervínculos que deben mostrar la trayectoria de las personas servidoras públicas señalan que se encuentran en proceso, cuando por el tiempo de publicación ya deberían de estar registradas en su totalidad.

La revisión en el SIPOT confirma que sí cumple con lo relacionado a la información de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, pero muestra las mismas deficiencias que en su portal institucional respecto a experiencia laboral, nivel máximo de estudio y trayectoria.

Con base en lo anterior se ORDENA a la Alcaldía Benito Juárez que realice las acciones necesarias para publicar completa la información curricular y perfil de puestos de las personas servidoras públicas, solvente dicha irregularidad y cumpla de manera cabal con lo señalado en la Ley de Transparencia.

Lo anterior deberá hacerlo en un plazo de diez días hábiles.

 

Relevancia del caso

En ocasiones cuando se observan rubros específicos de información que son una obligación de transparencia se puede perder de vista que muchos están interrelacionadas con objetivos comunes.  Es el caso que nos ocupa respecto a información curricular, declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal que deben realizar las personas servidoras públicas de todos los niveles de gobierno.  El objetivo es prevenir actos de corrupción, fallas administrativas, establecer bases para aplicar políticas públicas que combatan la corrupción, y fiscalizar y controlar los recursos públicos.

También se fomenta la buena administración cuando se verifica que el perfil profesional y trayectoria laboral de una persona son adecuadas al perfil del puesto público a ocupar.  Recordemos que el primer acto de corrupción es ejercer un encargo para el que no se está calificado.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por ello prevé la creación de una plataforma digital nacional que incluya varios sistemas, el primero de ellos tiene que ver precisamente con el de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancias de presentación de la declaración fiscal.  Este sistema se desarrolla en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aplica tanto a nivel federal como local.  El objetivo de esta Ley es definir faltas administrativas, sancionarlas en su caso y establecer mecanismos para prevenir, corregir e investigar responsabilidades administrativas.

De aquí la importancia de que las instituciones públicas cumplan con todas las obligaciones de transparencia, ya que fallar en una puede tener consecuencias amplias al ser parte de un sistema integral y amplio con fines específicos.

Es obligación de las autoridades integrar esta información y hacerla pública, también en su caso detectar desviaciones al buen desempeño de las personas servidoras públicas, sin embargo, la administración pública federal y de las entidades es muy grande y hacer transparente estas obligaciones permite que se generen ejercicios de auditoría ciudadana.

En estos, las personas pueden consultar la información y detectar situaciones que pueden ser irregulares para hacerlas del conocimiento de la autoridad.

En México, de acuerdo con cifras del INEGI para el cierre del 2023 había poco más de un millón seiscientos mil personas servidoras públicas del ámbito federal y de dos millones cuatrocientos cinco mil en las entidades federativas.  Es decir, un total de poco más de cuatro millones de personas.

Con independencia de las herramientas automatizadas para la detección de riesgos por actos de corrupción que puedan aplicarse a este universo, la supervisión ciudadana es una herramienta fundamental en una sociedad democrática en la que deben apoyarse las autoridades.

Existen redes internacionales, algunas de las que México es parte, para diseñar mecanismos que permitan combatir la corrupción.  Es el caso del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).  La Conferencia Internacional Anticorrupción en la que participa la Alianza para el Gobierno Abierto.  Así como la Red Anticorrupción Latinoamericana.

Todos estos esfuerzos requieren un trabajo permanente de personas, organizaciones de sociedad civil y gobiernos para reducir este fenómeno que degrada la confianza en las instituciones, desvía recursos escasos y compromete las posibilidades de desarrollo de personas, comunidades y países.

Como en muchos otros temas, el acceso a la información es el primer paso para lograr mejorar las condiciones de vida de todas.

Por mi parte sería cuanto.

Muchas gracias.

 

 

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