El Universal
Lourdes Morales Canales
Como si fuera un castillo de naipes uno a uno han ido desapareciendo los institutos que durante casi dos décadas se encargaron de garantizar el derecho a saber y la protección de datos personales en las entidades federativas. Su naturaleza colegiada y su autonomía constitucional hicieron posible que los ciudadanos interesados realizaran casi mil solicitudes de información diarias y que accedieran, muchas veces contra corriente, a información que por ley tenía que ser pública como los salarios de los funcionarios, las compras públicas o el uso de presupuestos.
La doctrina jurídica establece que un derecho reconocido por ley no puede suspenderse o restringirse a menos que haya una situación extraordinaria como una invasión, un desastre natural o una circunstancia que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. De esta manera, la decisión de suspender un derecho no es arbitraria, sino que debe ser aprobada por el Congreso a partir de un razonamiento fundado y motivado que contemple las causales enunciadas en la propia Constitución.
Pues bien, el impacto de desaparecer instituciones que representaban una «burocracia dorada» dejó en el limbo el ejercicio del derecho a saber tanto a nivel federal como en varias entidades federativas. De paso ha eliminado la autocontención de funcionarios que con sus comportamientos exhiben una conducta contraria a los exhortos a favor de la austeridad. A nivel federal, «Transparencia para el Pueblo» ha desechado casi en su totalidad todos los recursos que los ciudadanos presentaron ante la falta de respuesta a sus requerimientos de información. La Plataforma Nacional de Transparencia que contaba con más de 15 mil millones de datos, aún no funciona en su totalidad, ni permite acceder al acervo de solicitudes de información que eran visibles en la sección de datos abiertos.
En un seminario realizado esta semana en la Universidad Autónoma de Baja California se presentaron los últimos datos del semáforo sobre extinción de autonomías. Esta iniciativa encabezada por la Comisionada Maricarmen Nava, del órgano de transparencia de la Ciudad de México, permite conocer que, en los estados, sin justificación clara, los ciudadanos se quedaron sin poder ejercer derechos, con periodos de suspensión que van de 20 a 120 días hábiles.
Cómodos en esta transición, los Congresos estatales se han dado además un tiempo excesivo para emitir sus leyes estatales. Este lapso no ha sido utilizado para diseñar un buen modelo de transparencia, sino que simplemente se ha optado o por la centralización de la información bajo la tutela de los gobernadores y contralores o por un modelo descentralizado cuyo alcance solo podrá conocerse en la práctica.
El caso más alarmante es el de Hidalgo que se dio como plazo hasta diciembre de este año para emitir las nuevas normas. Hasta el momento, solo se han expedido nueve leyes estatales de transparencia, se han extinguido formalmente diez institutos, doce ya tienen sentencia de muerte con reformas aprobadas, pero siguen en funciones, seis están en vías de extinguirse y solamente cuatro entidades cuentan todavía con un órgano garante. Sobra decir que, tras la reforma constitucional, varios comisionados se postularon a otros cargos públicos como lo hacen las ratas antes de que se hunda un barco. Hoy en día sabemos que la opacidad alimenta a la corrupción. Sin supervisión pública, varios de nuestros gobernantes nos han enseñado cómo «la razón es esclava de las pasiones».
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