Posicionamiento relativo a las reformas a las leyes generales de transparencia y datos personales y la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Tener un comentario respecto a las aprobaciones que ha tenido hace algunas horas en el Senado de la República respecto a las leyes en materia de transparencia y privacidad.

Los cambios en las instituciones son continuos en todas las sociedades.  Pero en una sociedad abierta y democrática lo que se espera es que un cambio trascendental en las instituciones que velan por algunos de los derechos humanos, como son el acceso a la información y la protección de los datos personales, sean fruto de una discusión informada y con la mayor participación de las personas, organizaciones, academia y en conjunto y de la mano con personas legisladoras y autoridades, lo cual no ha ocurrido en la Cámara Alta del Congreso de la Unión con la reciente aprobación el día de ayer de las nuevas leyes generales relacionadas con transparencia y privacidad.

Es tan importante el resultado como el proceso que nos lleva a él y desafortunadamente las iniciativas de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personaies en Posesión de Sujetos Obligados y Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como la que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no tienen como base una discusión abierta, informada y participativa.  Más aún, tampoco tienen como base un diagnóstico de la situación actual del derecho de acceso a la información en México y de cómo operan los órganos garantes, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas.

He tenido la oportunidad de estudiar a fondo la integración y funcionamiento de los poderes legislativos leer iniciativas de diversos tipos, unas más elaboradas que otras. Pero las iniciativas que detonaron grandes transformaciones en el siglo XX y en el XXI en la forma de organización del Estado y su relación con la sociedad siempre tenían una sólida exposición de motivos, partiendo de un diagnóstico de la situación actual y ofreciendo una visión de donde queríamos llegar.  Nada de esto ocurre con las leyes citadas.

Un retroceso se presenta en la resolución de recursos de revisión, ya que deja en manos del propio sujeto obligado la resolución de una queja por parte de las personas. En el caso de la administración pública federal será el órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y así en cada uno de los demás poderes y órganos autónomos.  Es decir, no es una instancia distinta y de mayor nivel quien resolverá las quejas de las personas.  Recordemos que un arreglo similar fue el primer Instituto Federal de Acceso a la Información, ya que antes de ser autónomo era un órgano de la Administración Pública Federal, es decir, la iniciativa retrocede el avance institucional más de 20 años.

Otro punto es la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia que es un bien público, es de toda la sociedad mexicana, que se ha construido durante más de una década por más de 8,000 sujetos obligados en el país y quedará bajo la administración del nuevo órgano desconcentrado. Asimismo, externar la preocupación de que antes de que cierre la cortina el INAI en próximos días quien administra todavía la Plataforma Nacional de Transparencia, en la Ciudad de México debemos contar con un respaldo de la información contenida en la misma Plataforma: solicitudes de información, solicitudes de derechos ARCO, recursos de revisión y la información cargada por estos más de 8,000 sujetos obligados en el país de las obligaciones que marcaba la ley en materia de transparencia.   

También cito una de las preocupaciones que la organización social Fundar hace explícita es sobre el aumento de causales para clasificar información como reservada, como serían estudios o proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o que ponga en riesgo el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno federal o bien las obras públicas. 

No obstante, lo que me parece más importante resaltar es la forma como desvirtúa el concepto de «apertura institucional».  En nuestro Instituto tenemos claro que la apertura institucional es un modelo de gobernanza que promueve la colaboración entre autoridades, organizaciones y las personas, mientras que la iniciativa la ve solo como transparencia y participación que trasciende la administración pública hacia los otros poderes, sin hacer referencia a la importancia y al corazón de la apertura que son las personas y por supuesto la sociedad. 

El Sistema Nacional de Transparencia, en una de sus últimas acciones antes de que sea desarticulado por la reforma que comento, ya publicó el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación la Política de Apertura Institucional, el Modelo de Apertura Institucional y el Programa de Implementación Modelo de la Política Nacional de Datos Abiertos, todas como un marco de referencia y con la esperanza de que se puedan retomar tras la reingeniería institucional que estamos presenciando en México.  Y a esto me gustaría destacar que la apertura institucional solamente y únicamente se puede dar en un Estado democrático de derecho, y no bajo procesos de autocratización.

El día de ayer, el Pleno del Senado de la República aprobó estas leyes y una vez aprobado y publicado por la cámara colegisladora comenzará a transcurrir los 90 días naturales del régimen transitorio para que los congresos de las entidades federativas armonicen las constituciones locales y las leyes respectivas.

Audiencia ante la CIDH 

Dado el carácter regresivo de esta reforma que se aprobó en comisiones unidas en el Senado de la República sin Parlamento Abierto, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia o de personas académicas, activistas, para señalar los riesgos que identificamos, es que desde la sociedad civil organizada, participarán también el día de hoy 5 de marzo a partir de las 13:00 horas en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las organizaciones que se presentarán son: Fundar, Artículo 19, Observatorio de Designaciones Públicas, Equis Justicia para las Mujeres y Quinto Elemento Lab.

La audiencia lleva por título Situación del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en México, en la que las organizaciones compartirán los mínimos necesarios para asegurar el acceso a la información, como parte del 192 periodo de sesiones de la CIDH.

Asimismo, reconocemos y nos sumamos al llamado respaldado por 39 organizaciones y 41 personas para exigir a ambas cámaras del Congreso de la Unión, que puedan tomar ejercicios de Parlamento Abierto, y también que eso vaya permeando a las legislaturas locales por los riesgos que representa el poder ejercer la garantía de estos derechos humanos a saber y a la privacidad, es que lo ideal es que pudieran tener estándares de claridad y también de independencia en la resolución de las quejas que las personas presenten por no ver solventados sus derechos humanos.

Por mi parte sería cuanto.

Muchas gracias.