Posicionamiento de la comisionada Nava Polina para presentar su informe anual de actividades 2023
Con fundamento en las disposiciones previstas por el artículo 73, fracciones IV y VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 14, fracción XXIX, del Reglamento Interior del Instituto, informo al Pleno de las actividades que realicé durante 2023 en ejercicio de las atribuciones que asigna a las personas comisionadas ciudadanas integrantes del órgano colegiado directivo del garante. Entrego este informe por escrito y solicito que se integre al acta de la sesión, así como que se publique a la sección pertinente del portal institucional, para permitir su consulta pública. Lo remitiré también, de manera proactiva, al Congreso de la Ciudad de México, para conocimiento de quienes integran las comisiones que dan seguimiento al trabajo de este organismo.
El informe compila las actividades sobre las cuales he reportado avances en cada las sesiones ordinarias del Pleno, por lo que en esta presentación solo quiero destacar algunos hitos, los cuales considero representativos del tipo de aporte que, con nuestro trabajo, realizamos desde este Instituto, para apoyar el cumplimiento de sus fines, para velar por la efectividad de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como para orientar a las personas en el ejercicio de esos mismos derechos. Porque eso es lo que la ley nos mandata hacer.
Del trabajo realizado, me gustaría destacar lo siguiente:
- Dirigí las actividades de la ponencia a mi cargo y presenté al Pleno 1,486 proyectos de resolución que fueron sometidos a consideración de este colegiado.
- Expuse ante el Pleno, y con ello hice de conocimiento público, diversos temas que consideré de interés social, para evidenciar cómo los derechos que tutela este organismo son útiles en la vida de las personas. Algunos de esos temas fueron:
- Estadísticas de prevalencia del Virus del Papiloma Humano en hombres y mujeres
- Apertura de la información sobre los traslados y viáticos de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX
- Audiencias públicas de personas funcionarias en la materia de agua potable
- Denuncias y sanciones por desecho inadecuado de basura en la ciudad
- Acceso a la información sobre las víctimas del incidente del 3 de mayo de 2021 en la línea 12 del Metro
- Presenté los resultados de las dos evaluaciones censales mediante las cuales este Instituto, a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE), verificó el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en su deber de publicar información pública específica en sus portales institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Destaqué que la calificación promedio obtenida por los sujetos obligados de la ciudad en 2023 representó un incremento con relación a las evaluaciones similares de los años previos, con una tendencia creciente en al menos los últimos tres años: El más reciente promedio del Índice General de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados de esta ciudad fue de 79.11 puntos en una escala de 100; en 2019 esa calificación era de 66.44 puntos.
- Referí que, también con apoyo de la DEAEE, este Instituto brindó 571 asesorías técnicas especializadas, solicitadas por 629 personas servidoras públicas de 115 sujetos obligados. Con ello, dimos acompañamiento y asesoría para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como para asesorar la conformación de Comités de Transparencia, de apertura institucional, de Datos Abiertos y Transparencia Proactiva.
- Presenté diferentes informes diagnósticos realizados, por mandato legal, para conocer el estado en el que se encuentran diversas materias relacionadas con la transparencia y la apertura institucional. Estos diagnósticos se basan en información compilada por el Equipo de Estado Abierto de este Instituto mediante cuestionarios atendidos por los sujetos obligados. Entre ellos están:
- El Informe Diagnóstico de Apertura Institucional 2023, con el que medimos los niveles de conocimiento y de aplicación de los principios y elementos de apertura institucional en la Ciudad de México.
- El Informe Diagnóstico de Datos Abiertos, primero en su tipo, que ofrece un panorama detallado sobre el estado actual de los datos abiertos, identifica fortalezas y áreas de mejora, y propone recomendaciones pertinentes.
- El Informe Diagnóstico de los Comités de Transparencia 2022.
- Y el Diagnóstico de las unidades de transparencia.
- Presenté distintos materiales realizados para socializar el enfoque con el que trabajamos para promover el Estado Abierto en la Ciudad de México y en el país. Entre estos materiales se incluye, por ejemplo:
- el Modelo de Apertura por Diseño; y
- el Reporte especial de Apertura “¿Agua pasa por mi casa? La transparencia en la gestión del agua en la CDMX.”
- Referí también la realización de dos actividades colaborativas realizadas en el marco del trabajo de la Red Ciudad en Datos Abiertos.
- La primera fue el “Ideatón: Datos, Movilidad y Mujeres”.
- La segunda actividad fue el “Datatón: Movilidad y Mujeres”, efectuado de manera virtual y en fases, entre el 24 de agosto y el 28 de septiembre. El Datatón se propuso fomentar acciones colaborativas en materia de apertura de datos y desarrollar proyectos que abordan problemáticas relacionadas con el transporte público y las mujeres en la Ciudad de México, con especial interés en las problemáticas identificadas en el Ideatón.
- Informé, también, sobre las actividades que realicé en las instancias en las que participo en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde se aprobó reformar dos normas para contar con una Gaceta que permita al público contar con un medio formal para informarse sobre los proyectos, procesos y resultados de las actividades que realizamos en esa red nacional de colaboración.
Estas, y otras varias actividades, se incluyen en el informe que entrego al Pleno. Y me parece muy relevante destacar la finalidad de las actividades reportadas porque es el estándar con el que tendríamos que ser evaluadas. Es decir, la eficacia de nuestro trabajo deriva de su utilidad para hacer efectivos los derechos que tutelamos. Esa es la medida con la que debería valorarse qué tanta contribución tenemos desde los organismos garantes porque ese es el propósito que nos señalan las normas y las constituciones locales vigentes. Y esa es, también, la razón por la que cada semana nos reunimos, ante ustedes, para discutir y acordar resoluciones a las quejas que presentan las personas ante este Instituto, así como medidas para asegurar que este organismo pueda cumplir su labor y realizar los fines que tiene asignados por la ley.
Y refiero esta finalidad en atención a la coyuntura en la que, nuevamente, se cuestiona si nuestra sociedad necesita o no organismos autónomos para asegurar que las autoridades respeten los derechos que reconocen nuestra constitución y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.
Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontró que:
“El espacio cívico, ahora ampliamente reconocido como una condición previa y un elemento integral de un gobierno abierto, está bajo presión en muchos países. (…) Las bases para la protección del espacio cívico en los miembros de la OCDE son en general sólidas, pero los cambios demográficos, las tensiones relacionadas con la inmigración, la polarización debida a la información errónea y la desinformación y amenazas como la COVID-19 están agravando los desafíos al espacio cívico. El espacio cívico en línea se ve cada vez más afectado por la prevalencia de la información errónea y la desinformación y el discurso de odio, y la libertad de prensa ha experimentado una disminución significativa en todo el mundo.”
Y, en consecuencia, el organismo internacional recomienda:
“Continuar protegiendo y promoviendo el espacio cívico como un facilitador clave de reformas de gobierno abierto. Estos esfuerzos deben incluir la revisión de políticas, leyes, instituciones y prácticas relevantes para la protección del espacio cívico, tanto en línea como fuera de línea, y garantizar que estos obedezcan los estándares internacionales. Se deben hacer más esfuerzos para recopilar mejores datos para monitorear la implementación efectiva de las libertades cívicas para identificar desafíos y acciones correctivas.”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos recuerda que “el espacio cívico es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, (…) permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones.”
Así que, en los hechos, en tanto que garante del derecho de acceso a la información pública y promotor del estado abierto, a este organismo corresponde también la protección del espacio cívico.
No debe sorprendernos la convocatoria a revisar el diseño institucional que como nación nos hemos dado. No debe indignarnos que se someta a un examen informado, con evidencia, si los recursos que se nos asignan, insuficientes como son para cumplir cabalmente con nuestra labor, estarían o no mejor empleados en otros propósitos. Tampoco debería asustarnos la propuesta de poner en manos de los actores hoy supervisados el cumplimiento de las normas que deberían atender. Nuestra sociedad es suficientemente madura para analizar, deliberar y concluir si retroceder es el camino adecuado para avanzar.
En cambio, sí debe llamar nuestra atención que se empleen falacias para sustentar propuestas de reformas legales. Sí debemos señalar errores en las cuentas de quienes afirman que ahorrar el modesto presupuesto que se nos asigna permitirá resolver problemas sociales de altísimo costo. Sí estamos obligados a indicar que una democracia sin controles al poder público no es una república. Un estado de derecho no se construye eliminando equilibrios, pesos y contrapesos para sustituirlos por promesas de buen comportamiento.
Por supuesto, estamos en la mejor disposición para construir, en este debate, herramientas que aseguren a las personas que podrán tener acceso a la información que hoy es pública por ley, aunque haya quienes deseen ocultarla. Estamos atentas a mejorar los instrumentos que protejan la información privada que las personas ponen en manos de sus autoridades.
De tal manera que, en este contexto, es muy relevante supervisar, observar, monitorear controlar, exigir el cumplimiento de las garantías a los derechos humanos que tutelamos. Este es el contexto en el que entrego este informe de trabajo del año 2023.
Gracias.
