Posicionamiento de la comisionada Nava Polina sobre el proyecto de acuerdo para aprobar el Programa Operativo Anual 2024 preliminar
Me permito adelantar que mi voto será a favor de esta propuesta de Acuerdo para aprobar el programa operativo anual preliminar para el 2024. Y quisiera ahondar en algunos aspectos, con base en dos comentarios: Por un lado, referir la racionalidad y los resultados obtenidos con el uso de los recursos que hemos asignado a las áreas que integramos el Instituto. Y sobre todo, en primer lugar, recordar el contexto que tenemos por las disposiciones legales para este tema.
Recordemos que, en su artículo 49, la Ley local de Transparencia, dispone que:
- «Para satisfacer los requerimientos que implica el ejercicio de la función constitucional encomendada al Instituto, su presupuesto anual se determinará tomando como base mínima el cero punto quince por ciento del monto total de las asignaciones presupuestales previstas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, del ejercicio fiscal de que se trate para el que se autorizará el presupuesto del Instituto.»
- Creo que este contexto es importante para identificar la base de lo que tendríamos derecho legal a solicitar como presupuesto. Agradezco que se haya atendido la solicitud de incluir esta referencia entre las consideraciones que fundamentan el proyecto.
- Sin embargo, estamos ciertas de que pese a esta disposición, año con año, la asignación presupuestal aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus funciones, a este organismo garante ha sido sensiblemente menor a la base mínima prevista por la ley vigente.
- A manera de ejemplo, el presupuesto asignado al InfoCDMX para su operación en 2023 representó apenas el 0.06% (CERO PUNTO CERO SEIS POR CIENTO) del gasto neto total estimado del Sector Público local para el ejercicio fiscal del mismo año.
- Esto es: el presupuesto asignado no cubrió siquiera el 40% de la base mínima establecida por la ley para fijar el presupuesto del InfoCDMX.
- Por principio de legalidad, y al margen de la asignación que el Congreso de la Ciudad de México autorice finalmente asignarnos, a este organismo autónomo garante correspondería requerir al menos la base mínima fijada por la Ley: No menos de 370 millones de pesos.
- El proyecto que se pone a nuestra consideración implica un déficit de recursos con consecuencias para la operación institucional:
- El Instituto enfrentará restricciones importantes para atender las obligaciones derivadas del marco normativo vigente, como las derivadas de la cabal implementación de la Ley local de Archivos, o la puesta en operación local de los Lineamientos del SNT en materia de Transparencia Proactiva, o el despliegue de las actividades requeridas para dar concreción a las líneas de acción previstas por la Política Nacional de Datos Abiertos en la Ciudad de México.
- La restricción presupuestal limitará, asimismo, el establecimiento de nuevos compromisos para la atención de los ejes y líneas de acción previstos por los programas nacionales del SNT, en su segundo año de operación efectiva.
- Todos estos elementos se señalaron como retos en el informe 2022 del Instituto ante el Congreso de la Ciudad.
- El organismo garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de la Ciudad de México ha operado prácticamente con la misma plantilla desde 2019.
- Cabe, además, considerar que, entre marzo de 2019 y octubre de 2023, la inflación acumulada en nuestro país alcanzó ya un nivel de 26.2%, lo que implica una pérdida de una cuarta parte del poder adquisitivo de los sueldos que el personal de esta institución tiene desde esa fecha, pues, recordemos, que, más allá del ajuste que se realizó a los niveles que ya se habían quedado debajo del nivel del salario mínimo general vigente en el país, estos sueldos se han mantenido prácticamente constantes.
- Sin embargo, el Instituto tiene ahora nuevos deberes, derivados de la evolución de la normativa y programas aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia.
- Asimismo, y qué bueno que así sea, este organismo garante enfrenta una creciente demanda de sus servicios. Tan solo como ejemplo, baste referir el aumento considerable del número de Solicitudes de Información Pública tramitadas ante los sujetos obligados de la Ciudad de México, y el consecuente aumento en el número de medios de impugnación que, derivados de las primeras, se presentan ante este Instituto.
- Ello sin considerar las numerosas tareas que por obligación legal o de manera proactiva realiza cada área de este Instituto, para dar cumplimiento a la misión que establece la ley local de transparencia, incluso en los temas que antes referí, como promoción de la transparencia proactiva y producción de datos abiertos.
- Solo como ejemplo, baste referir que entre 2019 y el año en curso, con los recursos que se le asignaron, el Equipo de Estado Abierto, y además de atender las evaluaciones del cumplimiento de obligaciones de transparencia y de dictaminar el total de denuncias recibidas por supuestas omisiones en la materia, en el portal de Datos abiertos de transparencia se han publicado 44 conjuntos de datos: 31 en el apartado de Solicitudes de Información de los cuales 29 son de SIP y 2 de TP, así como 12 en el apartado de Recursos de Revisión
- Asimismo, hemos publicado 13 estudios y 6 reportes especiales, basados todos en información pública disponible, para facilitar su aprovechamiento.
Por todo lo antes expuesto, adelanto que votaré a favor de este proyecto, pero que confío en que el Congreso de la Ciudad de México atenderá las disposiciones legales vigentes en la revisión del proyecto, en beneficio de las personas que buscan ejercer, plenamente, las prerrogativas que la ley les reconoce en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Gracias.
