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Ver másLa reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación estableció la paridad en todos los órganos del Estado mexicano: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, a nivel federal, estatal y municipal.1 Además de tratarse de un derecho humano, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Por si esto fuera poco, contribuyen a la toma de decisiones, la construcción de paz positiva y la generación de apertura incluyente en las instituciones públicas. Este artículo presenta una radiografía de las mujeres en el ámbito de la transparencia en México: integración de los garantes, presidencias, comisiones temáticas y coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Ilustración: Estelí Meza
En este sistema participan los 33 órganos garantes del derecho acceso a la información: uno por cada estado y uno más a nivel nacional, así la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tal es el espacio institucional para la garantía del derecho a saber, así como para la transparencia, la promoción de la apertura institucional y la protección de datos personales.
En México hay 115 comisionados y comisionadas de transparencia.2 Si analizamos la integración por género (con corte al 2 de agosto de 2021), encontramos que 58 son hombres (50 %), 48 son mujeres (41 %) y que las nueve posiciones restantes se encontraban vacantes. En diez de los 33 organismos garantes hay integración mayoritaria de mujeres: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Si ponemos la lupa en los espacios de toma de decisión, observamos que sólo once de los 33 órganos garantes están presididos por mujeres. Si bien se trata de instituciones colegiadas, ocupar la presidencia de este tipo de órganos trae consigo mayor poder en la toma de decisiones dentro de los institutos y en el Consejo Nacional del SNT, puesto que los presidentes de estos organismos representan al órgano colegiado y llevan la conducción presupuestal y jurídica. De las instancias que conforman el SNT, hay once comisiones temáticas y cuatro regionales. De ellas, siete comisiones están coordinadas por mujeres.
La coordinación por mujeres ha traído consigo buenas prácticas de inclusión, prevención y detección de violencia de género. Por ejemplo, siguiendo una propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, el SNT aprobó el Decálogo para el fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de Género e Inclusión Social.
La Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva —otro órgano que forma parte del SNT— ha impulsado la inclusión como eje transversal de la apertura. Con este enfoque, la Comisión elaboró un mapa de experiencia locales en las entidades federativas, del cual surgió el Diagnóstico Estado del Arte | Apertura en México, En éste documento identificamos que en 33 de los 49 ejercicios de apertura (el 67 %), las partes interesadas realizaron compromisos alineados al cumplimiento de metas de los ODS 2030.3 Insistimos también en la necesidad de que la apertura se enfoque en grupos vulnerables (entre ellos las mujeres) y que incorpore una pluralidad de perspectivas en torno a cinco elementos: 1) transparencia y rendición de cuentas; 2) participación y co-creación; 3) integridad y prevención de conflicto de intereses; 4) lenguaje sencillo, datos abiertos y accesibles; 5) memoria y archivo.
Se ha buscado también documentar las experiencias locales de apertura y transparencia proactiva enfocados en grupos vulnerables, como con el libro Apertura Incluyente e innovación para reducir desigualdades. El propósito de estos ejercicios ha sido visibilizar las buenas prácticas de los órganos garantes locales. Se trata, en síntesis, de construir una apertura incluyente, toda vez que la apertura institucional y el enfoque de derechos humanos son transversales a cualquier actividad pública.
Ahora bien, existe un caso que mantiene la alarma encendida sobre violencia de género. Es el de Yolli García, ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). García lleva más de 580 días en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal irregular en el que han violado sus derechos humanos. Como miles de personas vulnerables en nuestro país, García está en prisión sin contar con sentencia y a pesar de que legalmente sería posible llevar a cabo su proceso penal en libertad, pues los delitos de los que se le acusa no son catalogados como graves. Su detención parece representar una persecución y una amenaza a la autonomía de los organismos garantes de transparencia. De ahí que sea necesario observar los principios de derechos humanos y de acceso a la justicia. Este caso muestra la necesidad de garantizar que la legalidad prevalezca, pues aunque la ex comisionada es parte de un cuerpo colegiado en que participan tres personas, todas las cuales enfrentan procesos paralelos, García es la única que se encuentra en reclusión.
Así, incrementar el papel de las mujeres en el ámbito de la transparencia implica exigir la aplicación de las leyes existentes sobre paridad de género, pero también extirpar las violencias sutiles, como el no ser nombradas por cargos ocupados ni reconocidas por las aportaciones y resultados que se realizan. No basta con ocupar espacios; el gran reto está en el desempeño cotidiano, en detectar y prevenir la violencia dentro de los órganos garantes y en los espacios interinstitucionales; así como transversalizar la perspectiva de género en el derecho a saber, la transparencia y la apertura institucional.
María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
1 Los artículos de la Constitución que fueron reformados son: 2.°, 4.°, 35.°, 41.°, 52.°, 53.°, 56.°, 94.° y 115.°.
2 Con la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP) debido a la reforma aprobada por el Congreso local —y la cual está en proceso de litigio ante la Suprema Corte— sumarían 117 comisionados y comisionadas, ya que el nuevo órgano garante de transparencia oaxaqueño pasaría de 3 a 5 integrantes.
3 Los ejercicios de apertura locales del Diagnóstico comprenden el periodo 2015-2021.
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