Esta reflexión la dedico In Memorian a Jorge Alatorre. Para entrañar su ejemplo de vida pública coherente, en la que demostró que el pensamiento crítico es indispensable en una democracia.
“México es un país maravilloso, del que nos enamoramos fácilmente. ¿Cómo pueden soportar tantas atrocidades?” –me preguntaba un colega de España–.
Avergonzada y reflexiva, no supe qué contestar. La violencia, la opacidad, las desapariciones de personas, son el mismo abismo que ya no queremos. Hay más de 133 mil personas desaparecidas y 79 mil cuerpos sin identificar y poca información pública alrededor. Nos merecemos paz y la resiliencia democrática es la característica que habilita alcanzarla.
En el corazón de la crisis humanitaria que atraviesa México, el duelo ha dejado de ser exclusivamente una vivencia privada para convertirse en una herida colectiva. Ante la desaparición de personas, el proceso de pérdida se suspende en un vacío de incertidumbre, donde el dolor se encuentra con el silencio administrativo. Sin embargo, en esta intersección entre el sufrimiento y la justicia, emerge un binomio poderoso para la transformación: el derecho a la verdad y el derecho a entender.
El presente texto engarza el duelo desde perspectivas tanatológicas, vinculándolas con la necesidad de fortalecer las instituciones mediante el acceso a la información pública, la comunicación compasiva y un plan de acción hacia la paz restaurativa. Todo ello, a partir de la desgarradora realidad de la desaparición de personas en nuestro país.
I. Las dimensiones del duelo
Para comprender la magnitud de la pérdida, es necesario mapear el camino que recorre el ser humano. El duelo no es un estado lineal, sino un proceso dinámico de re-adaptación ante las pérdidas y cambios.
La psiquiatra y escritora suiza-estadounidense Elizabeth Kübler-Ross, refiere cinco etapas que atraviesan el proceso del dolor: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No son peldaños rígidos, sino estaciones de un viaje emocional. En el contexto de la desaparición de personas, estas etapas se ven truncadas. La negación se prolonga por la falta de un cuerpo; la ira se dirige hacia un sistema opaco de justicia; y la aceptación se vuelve inalcanzable sin la certeza de la verdad.
Para la tanatóloga mexicana Gaby Pérez Islas, el duelo no es algo que pasa con el tiempo, sino algo que se trabaja. Su concepto de resignificación es vital: el dolor debe transformarse en una fuerza motriz. En el caso de las familias buscadoras, este trabajo se manifiesta en la lucha por la justicia. El duelo se convierte en el precio del amor, y la búsqueda en el tributo más alto a la vida del ser querido.
El complemento de estos acercamientos tanatológicos, lo da Jorge Bucay, médico, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino, quien utiliza la metáfora del pozo y la escalera, con “el camino de las lágrimas”. Caer en el duelo es caer en un pozo profundo. Para salir, no sirven los saltos desesperados; se requiere construir una escalera, peldaño a peldaño. Estos peldaños están hechos de lágrimas, recuerdos y, fundamentalmente, de realidades. Sin información clara, la escalera se rompe, dejando a la persona atrapada en la profundidad de la incertidumbre.
El duelo por la pérdida de procesos claros
Cuando el sistema del Estado falla, las familias transitan por un duelo sistémico. Al aplicar las visiones de Kübler-Ross, Bucay y Pérez Islas a esta falta de claridad procesal, observamos lo siguiente:
Desde Elizabeth Kübler-Ross (las etapas del colapso institucional)
• Ira. El sentimiento dominante cuando la autoridad responde con un “inexistente” o clasifica la información como reservada. Es una respuesta natural ante la injusticia del silencio.
• Negociación. Las familias intentan “negociar” con el sistema, aprendiendo tecnicismos legales o buscando aliados en las instituciones, esperando que, si cumplen con cada requisito, la verdad finalmente aparecerá.
Desde Jorge Bucay (la escalera rota)
• Si el duelo es un pozo y la escalera se construye con certezas, la opacidad legal es como quitarle peldaños a esa escalera. Sin información clara, la familia se siente estancada en el fondo del pozo, imposibilitada para subir hacia la aceptación o la resolución, porque no hay “tierra firme” donde apoyarse.
Desde Gaby Pérez Islas (el trabajo de la voluntad)
• Gaby enfatiza que el duelo es un trabajo activo. La pérdida de procesos claros obliga a las familias a realizar un sobreesfuerzo de voluntad. Resignificar el duelo implica transformar la frustración por la burocracia en una lucha por la transparencia, convirtiendo el dolor en una exigencia de derechos.
II. El duelo sistémico: la opacidad como revictimización
Cuando el marco legal de transparencia dificulta el acceso a la información, el Estado impone un duelo sistémico que es posible revertir. La falta de procesos claros y el uso de un lenguaje jurídico críptico actúan como una segunda pérdida. Las familias pierden no solo a su ser querido, sino también su derecho a entender y a ser guiadas por un sistema confiable.
Las reformas que buscan centralizar la información bajo el control directo de las instituciones que son, al mismo tiempo, las encargadas de investigar (juez y parte), facilitan la opacidad. Cuando la transparencia deja de ser una garantía autónoma, la reserva de información por seguridad nacional o proceso legal se convierte en la regla y no en la excepción, dejando a las familias en una oscuridad informativa
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en su informe sobre México, ha señalado que la fragmentación de la información es un obstáculo insalvable para la paz. La existencia de bases de datos que no se comunican entre sí y la reserva discrecional de expedientes son formas de violencia administrativa que impiden el cierre del ciclo de duelo.
En su informe tras la visita a México en 2022, el Comité de la ONU fue contundente: la transparencia es una obligación soberana para con las víctimas. Para la ONU, la paz no es posible sin un sistema de información que funcione bajo estos tres ejes:
Transparencia y desapariciones
A pesar de los obstáculos estructurales, el uso estratégico del derecho de acceso a la información en México generó avances en la construcción de estadísticas ciudadanas que hoy obligan al Estado a la acción. Estos ejemplos demuestran que la información pública es el primer paso para la paz.
El mapeo de la crisis forense
Gracias a miles de solicitudes de información dirigidas a fiscalías estatales, colectivos y organizaciones civiles lograron documentar la existencia de más de 52,000 cuerpos sin identificar en los servicios periciales del país. Esta estadística, que no existía de forma oficial y centralizada, permitió que el Estado reconociera la magnitud de la emergencia y creara el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
La georreferenciación de fosas clandestinas
Proyectos de periodismo de investigación y monitoreo ciudadano, como “A dónde van los desaparecidos”, han utilizado la transparencia para sistematizar datos dispersos sobre el hallazgo de fosas. Al convertir folios administrativos en mapas interactivos, se ha logrado visibilizar patrones territoriales de violencia que las estadísticas oficiales suelen omitir, permitiendo a las familias focalizar sus esfuerzos de búsqueda.
Auditoría al Registro Nacional (RNPDNO)
Iniciativas como “A quienes nos faltan” de la organización Data Cívica, han utilizado el acceso a bases de datos abiertas para realizar auditorías ciudadanas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Al detectar inconsistencias, borrados de registros o errores en la captura, la sociedad civil ha presionado para que la estadística oficial sea más rigurosa, transparente y, sobre todo, refleje fielmente la realidad del terreno.
Protocolos y presupuesto
El acceso a la información ha permitido saber cuánto se gasta realmente en la búsqueda de personas y qué estados cuentan con protocolos de actuación vigentes. Estos datos estadísticos son los que permiten a los organismos internacionales, como el CED de la ONU, evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano con evidencia en la mano.
La verdad como cimiento de la paz
Estos avances estadísticos no son solo números; son nombres, historias y realidades que reclaman su lugar en la memoria pública. Cuando una estadística se construye con integridad de la información, se convierte en un espejo de justicia que devuelve la identidad a quienes las instituciones del Estado intentó invisibilizar.
La restauración de la paz, por tanto, no es un concepto abstracto, sino un proceso técnico y humano que comienza cuando el Estado acepta que su información pertenece a la sociedad, a las familias y que el derecho a entender esas cifras es el único camino para que el “Camino de las Lágrimas” de Bucay finalmente conduzca a una salida.
III. El derecho a entender, como puente hacia la paz
La restauración de la paz social depende de ser conscientes de la relevancia del derecho a entender. Este concepto va más allá de recibir un documento; implica que la información sea accesible, útil y entregada de manera digna en la que el lenguaje claro, la comunicación compasiva y el derecho a saber, son clave. Se requiere la aplicación cotidiana desde las instituciones públicas.
Lenguaje claro
El uso de tecnicismos excesivos en las fiscalías es una barrera que excluye. Traducir la ley a un lenguaje claro para cualquier persona, es un acto de respeto y una herramienta de fortalecimiento de capacidades.
Comunicación compasiva
La persona servidora pública requiere integrar la empatía como una capacidad técnica. Una respuesta institucional que reconoce el dolor de la familia, mientras entrega datos precisos, construye una base de confianza necesaria para la reconciliación.
La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la verdad y la justicia comunicadas con humanidad.
Estos ejemplos demuestran cómo el acceso a la información ha pasado de ser un ejercicio burocrático a una herramienta de geometría del dolor, permitiendo dimensionar la crisis para poder resolverla. La formación de quienes integran las instituciones públicas y las tomadoras de decisión, es crucial para transformar el quehacer cotidiano de los sistemas de justicia, derechos humanos y construcción de resiliencia democrática.
Daniela Rodríguez Buitrago, abogada colombiana que impulsa el Legal Design, refiere que “la claridad no es un lujo estético. Es un acto ético y una ventaja estratégica. La claridad es la mayor seguridad jurídica que existe”.
Pilares para la restauración de la paz a través de la información
Para transitar del conflicto hacia una paz duradera, es imperativo implementar un plan que fortalezca las instituciones y sane el tejido social.
Fase 1: Diagnóstico y apertura (Cimiento de Verdad)
El primer paso es la transparencia proactiva. Las instituciones deben publicar registros forenses y de búsqueda actualizados sin esperar a ser requeridas. Esto reduce la carga de las familias y permite que la sociedad civil coadyuve en la identificación de patrones.
Fase 2: Fortalecimiento y modernización (Cimiento de Certeza)
Siguiendo las recomendaciones de la ONU (para mayor información se puede consultar el sitio: https://www.ohchr. org/es/press-releases/2026/04/mexico-un-committee-requests-general-assembly-consideration-enforced), es urgente asegurar la interoperabilidad de los sistemas de información. Un registro nacional unificado de personas fallecidas no identificadas es el “peldaño” que la escalera de Bucay necesita para que miles de familias puedan comenzar a salir del pozo.
Fase 3: Institucionalización del lenguaje claro (Cimiento de Dignidad)
Es necesario reformar los protocolos de atención para que la comunicación constructiva sea la norma. Esto incluye capacitar a los servidores públicos no solo en derecho, sino en tanatología básica y técnicas de comunicación clara, asegurando que cada interacción institucional sea un paso hacia la reparación y no hacia el trauma. El acceso a la información debe operar en tres niveles estratégicos para abonar a una transformación que sume a un Estado democrático de derecho:
Detrás de cada solicitud de información sobre un ser querido, existe una necesidad de seguridad, verdad y justicia. El Derecho a Entender reconoce que la familia no pide datos, pide certezas para procesar su duelo
Propuestas de innovación pública
Para aterrizar estas ideas en acciones concretas que respondan con estándares de derechos humanos a la sociedad y fortalezcan las instituciones, se pueden considerar los siguientes puntos:
Construir mecanismos para la paz requiere certeza, información e integridad, no olvido. El acceso a la información pública es la herramienta que convierte el no saber, en un proceso de justicia, permitiendo que la sociedad y el Estado caminen sobre una base común de verdad compartida.
IV. El retroceso institucional. La atomización de la transparencia y el laberinto legal
A pesar de los avances estadísticos logrados por la sociedad civil, el panorama actual enfrenta una amenaza crítica: las reformas constitucionales y legales que tienden a la atomización de la transparencia. Este proceso consiste en el desmantelamiento de los organismos autónomos encargados de garantizar el acceso a la información, dispersando sus funciones en dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, instituciones autónomas.
Esta atomización genera efectos devastadores en la búsqueda de personas:
La fragmentación del derecho a saber
Al multiplicar a las instituciones responsables de transparencia, las personas pierden el árbitro independiente que obliga a las fiscalías a entregar información. Esto fragmenta el flujo de datos, obligando a las familias a navegar un laberinto de ventanillas públicas –casi cuatro mil, conforme al observatorio de #ExtinciónDeAutonomías que realizo desde abril de 2025- que carecen de criterios unificados lo que la ONU ha señalado como una barrera estructural para la justicia.
La pérdida del principio de máxima publicidad
Las reformas que buscan centralizar la información bajo el control directo de las instituciones que son, al mismo tiempo, las encargadas de investigar (juez y parte), facilitan la opacidad. Cuando la transparencia deja de ser una garantía autónoma, la reserva de información por seguridad nacional o proceso legal se convierte en la regla y no en la excepción, dejando a las familias en una oscuridad informativa.
El impacto en el duelo: la escalera rota
Retomando la metáfora de Jorge Bucay, si el acceso a la información es el material para construir los peldaños que nos sacan del pozo, la atomización de la transparencia es equivalente a dinamitar la escalera. Para una madre que busca a su hija, a su hijo, cada reforma que dificulta obtener un dato es un golpe a su proceso de sanación; es una forma de decirle que su derecho a la verdad es negociable o secundario frente a la estructura del poder.
Contraste con las recomendaciones internacionales
Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exige sistemas interoperables, centralizados y transparentes, la atomización camina en sentido opuesto. Dispersar la información en múltiples dependencias sin un organismo garante y robusto no solo entorpece la búsqueda, sino que diluye la responsabilidad política y administrativa del Estado.
Restaurar la paz es fortalecer, no atomizar
La paz no puede florecer en un entorno de dispersión institucional. Si el objetivo es la reparación del tejido social, el plan de acción debe contemplar la re-centralización de la verdad. Esto no significa concentrar el poder, sino fortalecer los mecanismos independientes que aseguran que la información con integridad fluya.
Para que el servicio público sea realmente compasivo, debe existir una infraestructura de transparencia que no dependa de la voluntad de la persona funcionaria de turno, sino de un marco legal sólido que proteja el derecho a entender por encima de cualquier coyuntura legislativa. La paz se restaura cuando el Estado demuestra que tiene la característica de ser transparente, incluso –y especialmente– cuando la información es dolorosa.
El derecho a entender y la comunicación compasiva para la justicia
La paz social no se firma únicamente en tratados; se construye en la forma en que el Estado se comunica con las personas que integran la sociedad. En el contexto de la desaparición de personas, el Derecho a Entender emerge como la evolución democrática del acceso a la información: no basta con que el dato sea público, debe ser cognitivamente accesible. Para lograrlo, la metodología de la Comunicación Compasiva (o Comunicación No Violenta) del psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg, ofrece un camino transformador.
Rosenberg propone que el lenguaje puede ser un muro o un puente. Cuando el Estado utiliza un lenguaje incomprensible, burocrático y frío, ejerce lo que él llama una comunicación que desconecta, una forma de violencia pasiva que jerarquiza el poder y profundiza el dolor de las personas que requieren la respuesta de las instituciones públicas. Por el contrario, integrar la Comunicación Compasiva en el servicio público implica cuatro movimientos fundamentales:
La observación sin juicio
En los procesos de búsqueda, las instituciones suelen responder desde el prejuicio o la sospecha. La comunicación compasiva exige que el Estado presente hechos puros (qué se ha hecho, qué datos existen) sin criminalizar a la víctima ni calificar la búsqueda, permitiendo una base de realidad compartida.
Identificación de sentimientos y necesidades
Detrás de cada solicitud de información sobre un ser querido, existe una necesidad de seguridad, verdad y justicia. El Derecho a Entender reconoce que la familia no pide datos, pide certezas para procesar su duelo. Si la persona funcionaria comprende la necesidad detrás del folio, la respuesta deja de ser un trámite y se convierte en un acto de reparación.
El lenguaje claro como acto de no violencia
Para Rosenberg, el uso del lenguaje debe estar al servicio de la conexión humana. Un Estado que habla en lenguaje claro practica la compasión activa; elimina la barrera de la incomprensión que impide que la persona afectada tome control de su situación legal y emocional.
Derecho a entender y acciones restaurativas
El Derecho a Entender requiere que la autoridad responda de forma sencilla a peticiones que las personas realicen. Esto sustituye la confrontación por la colaboración, facilitando que el proceso de justicia sea también un proceso de sanación restaurativo.
Al fusionar la transparencia con la comunicación compasiva, se produce una reparación cognitiva. La familia que entiende el proceso legal, por doloroso que sea, recupera una parte de su agencia y dignidad. En este sentido, el Derecho a Entender es el cimiento de un nuevo contrato social donde la paz se construye palabra a palabra, asegurando que la información pública actúe como un bálsamo y no como una nueva herida.
La transparencia atomizada y el lenguaje oscuro solo prolongan el “Camino de las Lágrimas” que describe Bucay. Por el contrario, una comunicación institucional clara y empática es el material más sólido para construir la escalera que permita a la sociedad, finalmente, salir del pozo de la incertidumbre.
Conclusión: la verdad que transforma
El duelo por la desaparición de personas es un desafío que pone a prueba la solidez humana de una nación. No podemos aspirar a la paz si atomizamos las herramientas que nos permiten conocer nuestra propia realidad. La transformación real ocurre cuando el dolor se encuentra con la claridad; cuando la información pública deja de ser un trámite burocrático bajo amenaza de reforma y se convierte en un cimiento inamovible de la dignidad humana.
Restaurar la paz significa construir un sistema donde el derecho a saber y el derecho a entender sean las herramientas que permitan a las familias, y a la sociedad en su conjunto, atravesar el camino de las lágrimas para reencontrarse con la justicia y la certeza institucional. Con los nuevos modelos de trasparencia, las instituciones públicas del Estado y el dolor social acumulado en México, están los retos de cómo evidenciar que hay más integridad de la información en desaparición de personas.
En el corazón de la crisis humanitaria que atraviesa México, el duelo ha dejado de ser exclusivamente una vivencia privada para convertirse en una herida colectiva. Ante la desaparición de personas, el proceso de pérdida se suspende en un vacío de incertidumbre, donde el dolor se encuentra con el silencio administrativo. Sin embargo, en esta intersección entre el sufrimiento y la justicia, emerge un binomio poderoso para la transformación: el derecho a la verdad y el derecho a entender
Referencias
Para tomar en cuenta:
1. La crisis de desapariciones en México ha convertido el duelo en una herida colectiva, marcada por más de 133 mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar.
2. El duelo por desaparición es distinto al duelo tradicional, porque la falta de verdad e información impide cerrar el proceso emocional y alcanzar aceptación.
3. La opacidad institucional genera un “duelo sistémico”, donde las familias no solo pierden a sus seres queridos, sino también la confianza en las instituciones y el derecho a entender.
4. La falta de transparencia y los obstáculos burocráticos funcionan como formas de revictimización, prolongando el sufrimiento y la incertidumbre de las familias buscadoras.
5. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la fragmentación de la información es un obstáculo estructural para la justicia y la paz.
6. El acceso a la información pública ha permitido avances relevantes, como documentar la crisis forense, mapear fosas clandestinas y auditar registros oficiales de desapariciones.
7. El texto propone el “derecho a entender” como evolución democrática del acceso a la información, donde los datos deben ser claros, útiles y comprensibles para las víctimas.
8. La comunicación compasiva y el lenguaje claro son herramientas fundamentales para la reparación, ya que fortalecen la confianza institucional y reducen el daño emocional.
9. La atomización de los organismos de transparencia representa un retroceso institucional, porque dificulta el acceso a la información y debilita la rendición de cuentas.
10. La paz social solo puede construirse a partir de la verdad, la transparencia y la memoria, fortaleciendo instituciones que garanticen información accesible, justicia y dignidad para las víctimas.
Es aliado de las instituciones ligadas a áreas de justicia;...
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