Entre 2000 y 2019, más de 1,5 millones de personas han perdido la vida, y cuatro mil millones se han visto afectadas por desastres, de acuerdo a cifras de EM-DAT, una base de datos internacional sobre desastres. Esto implica más de 201 millones en promedio por año, con algunas personas afectadas más de una vez (casi el equivalente a la población de Brasil).
Es una realidad que existen peligros naturales y antrópicos -es decir, aquello generado por la humanidad-, que pueden provocar desastres. El riesgo es real. No existen medidas que al mismo tiempo prevengan todo tipo de amenazas. Lo que sí es factible, es prevenir y generar mecanismos de gobernanza ante riesgos, y la transparencia es indispensable para reaccionar con más elementos.
A través de dolorosas experiencias y con el talento de generaciones, existe ciencia y conocimiento que podemos aplicar para manejar el riesgo de desastres. Evitar daños a las personas, sus bienes, los medios de subsistencia, la infraestructura y el medio ambiente es la principal tarea para evitar la ocurrencia de un desastre. Para lograr esta meta, la información es de la mayor importancia.
La relevancia de la transparencia y el derecho a saber, para mitigar desastres y facilitar la gobernanza ante riesgos, la compartí en su oportunidad, en entrevista con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, durante el proceso de elaboración del Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe 2024.
México y particularmente su capital, la Ciudad de México, tienen larga historia en materia de desastres. El florecimiento de una civilización y la construcción de lo que hoy es una gran metrópoli a lo largo de 700 años fue posible en un valle donde las condiciones climáticas, la riqueza de sus suelos y sobre todo la disponibilidad de agua que proveían sus lagos ha sido a la vez, sol y sombra. La relación colectiva con el agua, depende de las circunstancias de cada comunidad, por escasez para el uso o por exceso que provoca inundaciones. Y como dato cultural: ¡somos agua en su mayoría!, pues del 68 al 75% de nuestro peso corporal en promedio, es agua.
Pero los principales desastres sufridos en nuestra Capital han sido causados por sismos. El “Sismo del Ángel” de 1957 (en el que el Ángel de la Independencia de la avenida Reforma se cayó), los de septiembre 19 y 20 de 1985 y el del 19 de septiembre de 2017, provocaron el colapso de edificios, incendios, y una muy lamentable cifra de personas heridas y fallecidas. Además de la destrucción de viviendas e infraestructura de comunicaciones, hidráulica, hospitalaria y educativa.
De esas experiencias, científicas y personal técnico han logrado crear más y mejor conocimiento que nos permite seguir construyendo la ciudad con parámetros de seguridad. En particular el Reglamento de Construcciones es la síntesis de ese saber acumulado por décadas para evitar daños a los inmuebles y sus ocupantes. Prevé una figura jurídica que luego se incorporó en otras leyes como las de Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que son las personas auxiliares de la administración pública.
En esas normas existen ocho distintos auxiliares que se encargan de brindar su responsiva, supervisar trabajos y elaborar documentos técnicos que por atribución legal solo personal capacitado, certificado y autorizado por el Gobierno de la Ciudad puede realizar. Algunos de estos documentos son el visto bueno de seguridad y operación, la constancia de seguridad estructural, estudios de impacto urbano y programas internos y especiales de protección civil.
Algunos de estos, al ser requisitos para obtener licencias o autorizaciones por parte de la autoridad, se han prestado a la corrupción. Documentos realizados sin el cuidado debido o falsificaciones, fueron denunciados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad después del sismo de 2017. Eso no quiere decir que necesariamente la situación ha cambiado, pero sin prejuzgar el estado actual de integridad en la expedición de estos documentos, es necesario tener información y para ello la llave es la transparencia.
Un principio establecido en la Ley de Acceso a la Información de la CdMx es que están obligados a transparentar información de interés público. En materia de riesgos, el interés público es la aspiración de la sociedad para prevenir riesgos que eviten la ocurrencia de emergencias y desastres.
Tomando esto en consideración, propuse a mis colegas comisionadas de transparencia, Lineamientos sobre transparencia de los auxiliares de la administración pública, con el objetivo de que la información de interés público que produzcan directores responsables de obra; corresponsables en seguridad estructural, instalaciones y diseño urbano; así como peritos en desarrollo urbano y responsables oficiales de protección civil se publique como obligación de transparencia a través de 16 alcaldías y cuatro secretarías: la de Obras y Servicios, Protección Integral de Riesgos, Planeación y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
Todas las acciones que permitan gestionar el riesgo de desastres nos permiten avanzar en el camino de ser una ciudad que protege los derechos humanos de sus habitantes y visitantes, así como ser una ciudad más segura y resiliente. Avanzamos en la #PrevenciónConApertura
La transparencia abona a la confianza, combate la corrupción y fomenta el derecho a una buena administración.