Sin brazos contra la corrupción

La reciente renuncia de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México debe encender alertas. En el fondo, se trata del resultado de un abandono sistemático del combate a la corrupción.

Las actividades que desarrollaron en el CPC desde marzo de 2021 sin contar con presupuesto para funcionar, con tres de cinco integrantes y sin tener certeza de una presidencia que les permitiera dirigir los trabajos del Comité Coordinador, es algo que debemos reconocerle a Ilian Fabiola Maldonado, Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz y Jorge Alberto Vázquez Segura por su labor a contracorriente y con sus propios recursos.

La falta de condiciones ha redundado en que no se hayan realizado acciones que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México mandata. Como son: las políticas para prevenir hechos de corrupción y de rendición de cuentas, los mecanismos para el aprovechamiento de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, la coordinación en materia de transparencia.

La Asamblea del Sistema Nacional Anticorrupción que se instaló el pasado diciembre, surgió en 2015 gracias a la activación de la sociedad civil organizada y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. Al día de hoy, la Asamblea no cuenta con la representación del CPC de la Ciudad de México; ésta, junto con Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que no tienen política anticorrupción.

Las instituciones que forman parte del Sistema Anticorrupción son la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Info CDMX, el Consejo de Evaluación, la Contraloría General y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El funcionamiento del Sistema Nacional depende de los sistemas locales. Si las entidades de la República tuvieran el mismo abandono hacia la agenda anticorrupción como en la capital del país, en los hechos no podría operar el Sistema dispuesto en la Constitución.

El debilitamiento de las instituciones encargadas de crear e implementar la política anticorrupción, ya sea por vía de desaparición o reducción de su presupuesto, se hace todavía más incomprensible en una ciudad donde 9 de cada 10 personas adultas piensan que los actos de corrupción son muy frecuentes, de acuerdo con el INEGI; donde apenas 6.20% de los hechos delictivos son denunciados.

Es necesario que el Congreso de la Ciudad revise el esquema con el que se ha previsto procurar recursos al Sistema Anticorrupción, toda vez que ha resultado inoperante, dado que no otorgan presupuesto directo al componente ciudadano, que es la representación de la sociedad.

Como lo ha manifestado la Red de Comités de Participación Ciudadana: disminuir o de plano negar las condiciones presupuestales mínimas para el funcionamiento de los sistemas anticorrupción sienta un preocupante precedente de retroceso deliberado.

Actuar con constitucionalidad e integridad, es indispensable señal para frenar lo que afecta más a las personas en pobreza: la corrupción.