No hay gestión integral de riesgos sin transparencia

En días recientes una estudiante de secundaria en la Alcaldía Venustiano Carranza perdió la vida en circunstancias que ponen de manifiesto la necesidad de que el registro de programas internos de protección civil sea transparente y de conocimiento público. Con ello se conocerían los sitios en los que existe una capacitación y cuentan con rutas de acción en momentos en los que se requiera. Es aprovechar las capacidades instaladas para beneficio de quienes atraviesen riesgos.

A pesar de la proximidad de hospitales, la ayuda para la estudiante tardó en llegar, y las acciones inmediatas que podrían haber salvado una vida se vieron obstaculizadas por la inacción.

Este doloroso suceso, ligado a la necesidad de una gestión integral de riesgos, resalta la importancia del acceso libre a información en estas situaciones. Recordemos que nuestra ciudad es vulnerable a un amplio espectro de riesgos, y requerimos, por tanto, un marco de protección civil robusto y eficaz, transparente y accesible.

Un caso ilustrativo es el de una persona que pidió información a la Alcaldía Iztacalco sobre los dictámenes de protección civil de una edificación. Ante la negativa inicial, recurrió al INFO CDMX, donde resolvimos que debe transparentarse esta información, con la debida protección de datos personales, dado su interés público. Es crucial que la comunidad esté al tanto de los posibles riesgos para tomar medidas que aseguren su bienestar y seguridad.

La legislación local en materia de riesgos y protección civil enfatiza la necesidad de mantener actualizados los dictámenes que certifican la seguridad de nuestros espacios. Sin embargo, el lamentable suceso en la Venustiano Carranza plantea interrogantes sobre la eficacia de estas normas, sobre todo en ámbitos educativos, que deberían brindar mayor seguridad.

De acuerdo con la ley, las instalaciones con riesgos medios y altos, como escuelas, hospitales y edificios residenciales, deberán contar con programas internos de protección civil. Esto implica disponer de servicios de atención médica inmediata, personal capacitado para gestionar emergencias, y estrategias orientadas a la protección de grupos vulnerables.

La diferencia entre la vida y la muerte puede residir en la existencia y ejecución de un programa interno de protección civil. Sin embargo, resulta alarmante que no exista un mandato para la divulgación pública de esta información. Sin ella, ¿cómo podemos saber si nuestros espacios cotidianos están realmente preparados?

De forma proactiva, la base de datos de registros de programas internos de protección civil podría encabezar el catálogo de información pública, como establece el Protocolo de Apertura y Transparencia Ante Riesgos que cocreamos desde 2021 y que ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto con miras a considerar una reforma que establezca que las bases de datos de registros, sean obligatorias a transparentar para facilitar la toma de decisiones informadas y se activen capacidades instaladas cuando se vivan riesgos.

La prematura desaparición de una joven estudiante, a causa de una gestión ineficaz ante una emergencia, nos convoca a una reflexión y acción inmediatas. Debemos demandar la implementación efectiva y transparente de normativas y programas de protección civil. Solo así podremos caminar hacia una comunidad más segura, resiliente y preparada para afrontar riesgos.