Lo que dejamos de saber sin contrapesos ni autonomías

El lunes 11 de este mes, el titular del poder ejecutivo federal anunció su intención de presentar una iniciativa de reforma administrativa, con la finalidad de desaparecer organismos autónomos. Al respecto, quiero resaltar, de nueva cuenta, cuál es la función de los organismos garantes de transparencia en nuestra democracia.

El conjunto de los organismos autónomos se creó para establecer frenos y contrapesos a la concentración del poder público, ante la evidencia de que esa concentración favorece la corrupción y no atiende los mejores intereses de la sociedad. Por supuesto, a los ojos de quienes aspiran a concentrar el poder, para que nadie cuestione sus decisiones; para quienes entienden el poder público como un instrumento vertical y no como el resultado de la colaboración entre autoridades; y para quienes ven en la rendición de cuentas una amenaza y no una oportunidad de servir mejor a la sociedad; para esas personas, los organismos autónomos resultarán siempre un estorbo que conviene eliminar.

Quienes diseñaron el sistema de pesos y contrapesos que hoy caracteriza al sistema político mexicano establecieron, en nuestra Constitución, un sistema de equilibrios que aspira a prevenir la tentación autoritaria. Una vacuna para evitar que una sociedad caiga en esa tentación es proteger y nutrir el espacio cívico: el espacio en el que la gente ejerce sus libertades de expresión, de reunión, de asociación; la arena en que la sociedad civil, los medios de comunicación y los actores privados deliberan sobre los aciertos y errores en las decisiones del poder público.

Para que el espacio cívico funcione, es indispensable el acceso a la información pública, la información que nuestras autoridades generan o conservan, pero que es de todas, pues se gestiona con nuestros recursos. Dejar en manos de las autoridades la decisión de qué información entregan y cuál reservan, cuando están sometidas a escrutinio, no es un diseño que sirva al interés público. Los organismos garantes intervenimos para que la información pública se entregue.

Por otra parte, el uso de los datos personales para propósitos legítimos está previsto en las normas que regulan su protección. Sin un organismo que vigile su cumplimiento, las autoridades suelen dedicar menos atención al cuidado de estos datos y a establecer procedimientos para su protección, que con nuestro acompañamiento.

Los organismos autónomos garantes tenemos asignada la tarea de difundir para qué sirven los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y de promover su ejercicio, de manera que no solo sea una minoría la que los aproveche para mejorar su vida.

El anuncio presidencial de su proyecto de reforma administrativa inaugura una nueva etapa en la deliberación sobre el tipo de poder público que nuestro país aspira a tener. Los organismos garantes participaremos con gusto en este debate, para evidenciar la razón de nuestra existencia y señalar las premisas incorrectas y argumentos erróneos con los que se busca socavar nuestro trabajo.