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Una señal inequívoca de que se va por buen camino, es el testimonio de las personas que lo utilizan. En coherencia, ¿cómo podríamos tener esa noción en el uso de recursos públicos en general y en torno a transparencia, en particular?
En el ecosistema ambientalista al escuchar las tres erres pensamos en Reducir-Reutilizar-Reciclar. Por didáctica, en el ámbito público habríamos de promover, también, tres erres: Recursos-Resultados-Rendición de Cuentas. Es preciso cotejar el uso de recursos con los resultados alcanzados y de ello informar a detalle. De no existir ese cotejo, todo uso de dinero público nos parecerá excesivo. Visibilizar la aportación de cada peso en la mejora de nuestra vida cotidiana, es crucial.
Apremia poner a prueba las tres erres en los recursos públicos, antes de que inicien los procesos de propuestas presupuestarias y fiscales para 2021. ¿Cómo se gasta y qué se aporta? Cabe cuestionar frente a la realidad tan cruda que arroja la pandemia por COVID-19, que estima la generación en el mundo de 71 millones de personas en pobreza, conforme a cifras de junio 2020 del Banco Mundial; así como de personas en pobreza extrema por ingresos en México entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, de acuerdo con estimaciones del Coneval.
“Lo que comenzó siendo una crisis en el ámbito de la salud se ha convertido rápidamente en la peor crisis de orden humano y económico de nuestro tiempo”, refiere la Organización de Naciones Unidas en el Informe del Secretario General sobre los Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, frente a la pandemia por COVID-19. “La pandemia se está cebando especialmente en los más pobres y en los más vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas de edad”, agrega el Informe.
Los congresos son demasiado caros, también los partidos políticos, las elecciones; las personas servidoras públicas ganan demasiado. Han sido afirmaciones que en los últimos años han sido recurrentes. Sin embargo, cuando nos preguntamos cuál es su aportación social y pública, habríamos de tener resultados e indicadores con qué medir los resultados de las instituciones que tenemos.
En este contexto, ejercer los derechos humanos ¿tiene un costo?, ¿hay que pagar por ello? La respuesta es sí. A lo largo de los años, si algo me ha quedado claro es que no hay pregunta menor ni respuesta obvia. Hacer exigibles los derechos humanos sí tiene un ejercicio de recursos públicos, presupuestales, humanos y materiales. Van dos escenarios.
Uno. Si el derecho a saber se encuentra con la información que requiere (sin preguntar por ella), serán buenas noticias. El costo estará -por ejemplo- en la persona que subió dicha información y en pagar el sitio donde ésta se alberga. Dos. Si el derecho a saber se topa con que debe pedir la información porque no existe electrónicamente en los portales de sujetos obligados a reportarla, habrá de conocer cómo pedirla. Si la obtiene por preguntar, serán buenas noticias. El costo estará en quien contesta, el proceso para buscarla y en proporcionar la información.
Ahora bien, regresemos al contexto de pandemia. La realidad es que las instituciones declararon días inhábiles, suspensión de plazos y procesos, y con ello la información pública tiene rezago en su actualización, en su generación, en su acceso.
El garantizar que haya posibilidad de conocer cómo se tomaron las decisiones ante la emergencia en cualquier rincón del país, es responsabilidad de 33 instituciones autónomas. Pero ¿cuánto cuestan? Ante tantas necesidades en el país, ¿tenemos que gastar en ellas? ¿Para quién es el beneficio? ¿Qué pasaría si estas instituciones no existieran? ¿Podríamos acceder a la información pública?
En materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el uso de recursos presupuestales en 2020 en México, es de 2,109 millones de pesos. Corresponde a prácticamente la mitad de recursos presupuestales asignados al Senado. Para garantizar el derecho a saber, cada persona de la Población Económicamente Activa aportó en este año $0.036 (con el corte a marzo de 2020, última cifra reportada por el INEGI), es decir poco más de tres centavos.
Los recursos siempre serán escasos. Y si lo son, ¿cómo los gastamos?, ¿qué se aporta? En caso concreto de la Ciudad de México, el organismo garante de transparencia tuvo una asignación presupuestal de 183 millones de pesos, segundo instituto local con más recursos, correspondientes al 20% del presupuesto del INAI.
En InfoCdMx se atendió el 7% de los recursos de revisión que presentaron las personas en el país, de acuerdo con el Censo de Transparencia de 2019 del INEGI (no obstante, las cifras de INEGI son las anuales de 2018, siendo que en 2019 se incrementó a 4,131 recursos de acceso en la Ciudad de México, frente a 3,085 de 2018). Cabe decir que los recursos de revisión implican una especie de segunda vuelta que las personas realizan para advertir que pidieron información y no la obtuvieron. Y los organismos garantes son los encargados de resolver si la información debe ser entregada -o no-, a las personas.
En la Ciudad de México, por disposición constitucional, la programación y ejecución presupuestal debe elaborarse considerando la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. A ese estándar mínimo exigible deben asociarse también las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, establecen la legislación nacional y local vigentes.
De ahí que amerita ubicar en qué áreas en torno a facultades y tareas del InfoCdMx, se asignaron los recursos 2020 para que, con el cierre del año, se coteje con los resultados que se darán. Merece recordar que se donaron 21. 3 millones de pasos, para ser utilizados por la Jefatura de Gobierno de la capital en el combate a la pandemia por COVID19.
Esperamos que los resultados que se aporten para garantizar la transparencia, el derecho a saber, la rendición de cuentas, la apertura, la protección de datos personales, terminen por alimentar la democracia a través del ejercicio adecuado de ser contrapesos, desde la autonomía. Que las decisiones para hacer uso adecuado de los recursos públicos, respondan a una altura de miras, de frente a la utilidad social y con el constante recordatorio de la crudeza de los costos sociales que arroja la pandemia.
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