Este reto lo ha identificado la Métrica de Justicia Abierta...
Ver másDesde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, al 28 de febrero de 2022, la Ciudad de México ha destinado casi 30 mil millones de pesos en programas y acciones sociales enfocados a amortiguar los efectos de la pandemia.
La variedad de acciones públicas en términos de escala y velocidad pusieron a prueba garantizar la transparencia del uso de dichos recursos, salvaguardar la rendición de cuentas y contribuir a tener información para prevenir discrecionalidad y corrupción.
Es así que en su momento impulsamos la cocreación con más de 100 organizaciones, instituciones, academia y comunidades, el Decálogo #AperturaEnCOVID19 con recomendaciones de apertura y anticorrupción para todas aquellas instituciones que emprendieron acciones relacionadas con la emergencia sanitaria.
En adopción de este Decálogo desarrollamos varios monitoreos de Programas implementados en CDMX durante la contingencia sanitaria, mismos que están disponibles en micrositio Covid-19 del garante de transparencia de la capital.
En días pasados atendimos en el InfoCDMX un recurso de revisión relacionado, precisamente, con un programa de la Alcaldía Miguel Hidalgo que buscó mitigar los efectos económicos generados por la contingencia sanitaria: el Programa MERCOMUNA que consistió en la transferencia monetaria mediante vales llamados “hidalgos”.
En este caso una persona se quejó de haber recibido incompleta una solicitud de información que presentó ante la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la que pedía conocer personas beneficiarias, monto total asignado para su operación y el nombre del taller que realizó la impresión de los vales “hidalgos”. Determinamos en el colegiado del InfoCdMx entregar la información completa, en específico la relacionada con la factura de la impresión de los vales y el destino del monto no ejercido.
Los programas sociales suelen ser los principales temas de las solicitudes de información. En uno de los Monitoreos de Programas en COVID-19 que realizamos en el equipo de Estado Abierto que coordino, durante 2020 identificamos que sólo 87 de 142 programas de diversas instituciones publicaban información en sus portales de transparencia, y apenas un 28% de los implementados por las Alcaldías reportaba padrones de personas beneficiarias.
Es indispensable tener integridad en el manejo de recursos públicos, que la focalización se dirija con precisión y que la transparencia abone a la confianza en las autoridades. La opacidad da lugar a la discrecionalidad en el manejo presupuestal en condiciones tan delicadas como una pandemia. La rendición de cuentas y la transparencia no deben ponerse en cuarentena en ninguna circunstancia.
Garantizar el derecho a saber puede salvar vidas, y disponer de información sobre programas sociales también facilita que las personas sepan cómo se ejerció, y si se justificó o no, el gasto en acciones destinadas a mitigar los efectos derivados de la contingencia sanitaria.