En apertura institucional, medir para mejorar. Cambio de estafeta

La apertura institucional tiene como objetivo generar condiciones para que las personas logren incidir de forma efectiva en las decisiones públicas

La evaluación de las actividades públicas en sistemas democráticos, es indispensable. Sin información, monitoreos periódicos, no hay forma de planear. Las instituciones públicas en todas las sociedades deben estar sujetas a la supervisión, tanto de otras instituciones como de la sociedad civil. Este ejercicio es uno de los pilares de un gobierno con división de poderes y donde se deben ejercer contrapesos para evitar que la población se vea afectada por decisiones arbitrarias, cuando no claramente ilegales. No obstante, la supervisión no es suficiente, y se debe complementar con la participación activa de la sociedad.

La apertura institucional tiene como objetivo generar condiciones para que las personas logren incidir de forma efectiva en las decisiones públicas. Implica una participación cotidiana, más allá de las urnas, de manera que las políticas públicas atiendan sus prioridades.

Los cinco elementos que la componen son transparencia y rendición de cuentas; participación social y co creación; integridad y prevención de conflicto de interés; lenguaje sencillo; y memoria y archivo.

En el garante autónomo de acceso a la información de la Ciudad hemos aplicado estos principios para el desarrollo de diagnósticos. De 2019 a agosto de 2025 hemos realizado 78 diagnósticos de siete tipos: 1) para saber la conformación, capacidades, integración por género de las unidades de transparencia de actores e instituciones públicas; 2) del trabajo, clasificación de información y resoluciones de los comités de transparencia; 3) de acciones de apertura institucional; 4) de condiciones de accesibilidad de las áreas de transparencia; 5) del entendimiento y presuntas acciones en datos abiertos; 6) sobre transparencia proactiva en la pandemia por COVID19; 7) así como de programas y acciones sociales. Los cinco primeros se derivan de cuestionarios autogestivos, mientras que los de pandemia y programas sociales se generaron por monitoreos.

 

Por ejemplo, en el diagnóstico de apertura institucional 2024, se analizó a 107 actores e instituciones públicas de la Capital mediante un cuestionario de 44 reactivos, para identificar su conocimiento sobre los términos de apertura institucional y las acciones que han realizado. La metodología permite comparar los resultados con años anteriores, y se aprecia que los ejercicios de apertura reportados por las instituciones y actores públicos en la Ciudad de México aumentaron de 19 en 2021 y 2023, a 56 ejercicios reportados en 2024.

De los 56 ejercicios el 44% son de organismos desconcentrados, 33% de la administración pública central, 11% del Legislativo y 6% de órganos autónomos y también de Alcaldías. Se atendieron temas relacionados con inclusión social, transparencia proactiva, participación ciudadana, gestión de riesgos, preservación de cultura y derechos laborales.

Destaco el caso de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) con la Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana, la cual busca dar mayor capacidad de decisión en el diseño de políticas públicas. Las personas interesadas pueden reportar problemas, irregularidades e incidencias en los alrededores del Centro Histórico para su canalización.

También el de la Alcaldía Iztapalapa con la Agencia de Empleo Tequicalli, por su enfoque integral hacia la inclusión laboral, implementando acciones y políticas de vinculación y gestión empresarial a través de capacitación, orientación e intervenciones que acercan al sector empresarial con la población local.

El diagnóstico permite contar con una base de información sobre los avances en apertura institucional, así como de áreas prioritarias para enfocar esfuerzos y fortalecer el cumplimiento normativo, la comprensión y la aplicación de los elementos esenciales de Estado Abierto.

Queda el reto de incorporar las recomendaciones de cada uno de los 78 diagnósticos, por parte de las instituciones y actores públicos de la Capital. Las próximas autoridades garantes del derecho a saber tendrán la responsabilidad de dar seguimiento a ello. Dejamos constancia de las mediciones que ya existen.

 

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