Caer en un bache puede implicar desde romperse una pierna, que se averíe la suspensión de un coche, que explote una llanta o hasta perder la vida. El mantenimiento de calles es responsabilidad de alcaldías, municipios, de entidades federativas o incluso de la Federación.
En Ciudad de México se reportó para enero de 2025, que repararon 42,670 baches, como parte del programa “Bachetón” que arrancó a mediados de octubre del año pasado. Lo cual contrasta con 97 indemnizaciones que repararon daños, en trece años; sin establecer estas reparaciones a qué irregularidad obedecen.
Existen leyes que determinan la responsabilidad de las instituciones del Estado, para que reparen daños causados por fallas en los servicios que da a la sociedad. Esto se le denomina responsabilidad patrimonial del Estado; es un mecanismo para fomentar una administración pública responsable, profesional y que procure siempre el bienestar de las personas.
Una de las modificaciones legales relevantes producto de la transición política en el 2000, relacionada con la entonces llamada Reforma del Estado, fue la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Publicada el 31 de diciembre de 2004 significó reglamentar un derecho constitucional, pues a falta de ley secundaria no se podía ejercer.
Este derecho implica para las personas recibir una indemnización cuando se han sufrido daños en sus personas o bienes a causa de lo que se califica como actividad administrativa irregular de las instituciones públicas.
La Ciudad de México tuvo su propia ley en la materia en el 2009. Señala como instituciones obligadas las dependencias, entidades, alcaldías, órganos desconcentrados, autónomos, y las demás instituciones que integran el gobierno de la Ciudad.
Reglamentar este derecho implica señalar algunos límites para que exista certidumbre al analizar una reclamación, por ejemplo, al establecer un plazo de hasta un año para iniciar el procedimiento, y que la obligación de mostrar hechos y pruebas recae en la persona afectada.
Al respecto y como parte de una obligación prevista en esa Ley, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad publica la información de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. Para el tamaño de la Ciudad, los cerca de 20 millones de personas que viven y transitan por ella, y todos los servicios que provee, las 97 indemnizaciones registradas por un monto de casi 9 millones y medio de pesos entre 2011 y 2024, son pocas.
Tal vez se deba a desconocimiento de las personas sobre este derecho y su forma de ejercerlo, al tiempo que se lleva la resolución de cada reclamación. Además, puede influir que la misma ley prevé la denuncia ante el ministerio público si, a juicio de la autoridad, se detecta algún posible hecho delictivo con la intención de acreditar de manera indebida la responsabilidad patrimonial de alguna institución.
Aquí hay un área de oportunidad para comunicar claramente el derecho a la reparación del daño. El lenguaje claro es un estilo de comunicación que se caracteriza por ser sencillo y directo, para que el mensaje sea fácil de entender.
En materia de transparencia, la ley prevé que cada institución debe publicar en su sitio de internet el derecho de las personas a ser indemnizadas; contar con un registro que contenga el estado del procedimiento de reclamación, y también instalar un módulo para dar atención, información y aclarar dudas. Aquí hay una serie de obligaciones que es importante verificar su cumplimiento.
Recientemente, en el pleno del Info CDMX resolvimos un recurso de revisión donde solicitaban a la Alcaldía Benito Juárez un expediente del procedimiento que realiza para dictaminar la responsabilidad para pagar daños a un vehículo, provocados por baches en las vialidades. La Alcaldía solo entregó un diagrama con el procedimiento de indemnización, pero no un expediente, por lo que el pleno determinó revocar la respuesta y ordenar la entrega en versión pública de un expediente completo.
En nuestra Ciudad, los baches son un problema que afecta a gran parte de la población, porque todas usamos las vialidades. Los daños más directos son a los vehículos, pero también son un peligro mayor para motociclistas y ciclistas. En enero de este año, el gobierno de la Ciudad informó que la Secretaría de Obras y Servicios atendió 30 mil 290 baches y las alcaldías repararon 12 mil 380.
Celebro este esfuerzo de los gobiernos de la Ciudad de México, porque siempre será más económico prevenir que remediar y hay daños que no pueden subsanarse con ninguna cantidad de dinero.
