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Avances de apertura y realpolitik

Tras casi tres años de poner a consideración distintas propuestas para sustituir el concepto de gobierno abierto por el de Estado Abierto y apertura institucional en distintos lineamientos, las comisiones unidas Jurídica y de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, la aprobaron por unanimidad. Una agenda impulsada desde 2019.

La apertura institucional es un modelo de gestión que integra elementos de transparencia y rendición de cuentas, participación, integridad, lenguaje sencillo, memoria y archivo, para convertirlos en políticas que promuevan el diálogo, con el principal objetivo de mejorar la forma en la que abordan problemas, conflictos, desigualdades de personas, grupos y comunidades.

Si nuestro objetivo es mejorar realidades públicas merece reconocer su complejidad y en sintonía, se requiere diseñar enfoques multidisciplinarios que articulen instituciones, recursos y actores de diferentes niveles. Debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en pobreza extrema aumentó 150 millones en 2021 de acuerdo al Banco Mundial, retrocedimos en derechos humanos y en el avance de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Precisamente, uno de los principales desafíos de esta Agenda consiste en conformar un nuevo marco de gobernanza y diseño institucional que promueva sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, y crear instituciones eficaces y responsables.

De esta forma, el movimiento de apertura gubernamental que comenzó con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011 ha madurado, y existe un consenso de avanzar hacia enfoques de Estado Abierto.

Construir un Estado Abierto implica sumar las partes del ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, sociedad, a estrategias de apertura. Requiere un esfuerzo para articular políticas hacia otros actores públicos como sindicatos, partidos políticos y fideicomisos.

Es así que, tras casi tres años de poner a consideración distintas propuestas para sustituir el concepto de gobierno abierto por el de Estado Abierto y apertura institucional en distintos lineamientos, las comisiones unidas Jurídica y de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, la aprobaron por unanimidad. Una agenda impulsada desde 2019.

De ser aprobada por el Consejo Nacional, es decir, por los 32 garantes locales, el nacional, el INEGI, el AGN y la ASF, el SNT será modelo mundial por sus avances en la narrativa de articular políticas públicas de apertura en la totalidad de las instituciones y actores del Estado mexicano.

Adoptar el enfoque de Estado abierto implica mejorar capacidades institucionales, materializar políticas focalizadas, concretas y de largo aliento, transversales, con amplia participación en la toma de decisiones, diálogo y confianza. Que las acciones públicas generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Es apostar por permear, gota a gota, la cultura de la apertura. Ésta existe en un Estado democrático de derecho, sin autocracias ni espionaje a activistas de derechos humanos. Retos amplios en contexto de señalamientos de sociedad civil ante #EjércitoEspía.

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