Colchones usados y emergencias

Llovió sin parar y provocó la emergencia. Era septiembre del 2018 en Sinaloa. Años después, se detectó que un exfuncionario había comprado 4 millones de pesos en colchones a una empresa fantasma, para ayudar a las personas damnificadas por aquella tormenta que afectó a 11 municipios del estado. Los colchones eran usados, fueron recogidos de la basura y forrados por una empresa que nunca fue identificada. Este es uno de esos casos resultado de la falta de mecanismos de control para evitar actos de corrupción durante una emergencia.

Esto me lo refirió una querida colega y tenaz activista de derechos humanos que ha buscado combatir la corrupción en distintos frentes. Llámese inundación, derrumbes, sismos, accidentes o pandemia, todas son situaciones de riesgos que enfrentamos con -o sin- información. Las consecuencias en cada caso pueden permitir salvar la vida, contar con más elementos de recuperación. Con la finalidad de tener información oportuna es que ya contamos con un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante Riesgos, listo para activarse. En seguida les cuento.

Las situaciones de riesgos nos han mostrado escenarios de limitaciones en el ejercicio de los derechos humanos, de revictimización a la población afectada, de multiplicación de prácticas de corrupción. Es por ello que la apertura institucional y garantizar el derecho a saber son claves para que las personas cubran sus necesidades de información. Contar con fuentes confiables, de manera oportuna y de calidad, evita la circulación masiva de noticias falsas que agudiza la vulnerabilidad.

Ante un contexto de pandemia por COVID19 y de recuperación social posterior, las circunstancias económicas han puesto en riesgo los avances en desarrollo y han afectado a personas en vulnerabilidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que el incremento de pobreza extrema por ingresos será de 6.1 a 10.7 millones de personas en 2020.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) refirió que la pandemia significará décadas de retraso en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se encuentra la eliminación de la pobreza). De tal forma que tomar estas múltiples crisis representa una oportunidad para contribuir con la generación de paz positiva a través de la cocreación de soluciones a necesidades en grupos en situación de vulnerabilidad, de acciones de un Estado Abierto reflejados en un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante el Riesgo que permita a las personas contar con información para satisfacer sus requerimientos.

La ONU advierte que la complicación económica y social arriesga en mayor medida a los grupos en mayor vulnerabilidad, que se ven en situaciones de incremento de violencia a causa de las carencias. El valor social de la cocreación, que es una herramienta pública en un Estado democrático de derecho, tiene características muy similares a la mediación, es un mecanismo para resolver conflictos.

Hermanados por la pandemia es que nos apremió trabajar para contar con un Protocolo de Apertura y Transparencia ante Riesgos, que concentrara la información, acciones y sinergias que requerimos para que la luz de la información se mantenga encendida ante las emergencias para que tengamos #PrevenciónConApertura.

La cuarentena por COVID-19 alcanzó también a la transparencia y a las acciones de apertura. Los plazos del derecho de acceso a la información se suspendieron de manera inicial en todo el país y en algunos casos se restablecieron para el caso de actividades esenciales; sin embargo, la falta de una política y de instrumentos normativos de apertura en situaciones de emergencia ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos.

Desde el equipo de Estado Abierto del Info CDMX mediante un ejercicio de cocreación multiactor, multinivel e interdisciplinario, con 61 personas pertenecientes entes públicos locales y nacionales, órganos garantes, organizaciones de la sociedad civil, academia, sistemas locales anticorrupción, iniciativa privada, expertas internacionales, se co-creó el Protocolo. Es un instrumento colaborativo de un modelo de gobernanza centrado en los principios de innovación abierta, en el que participó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y GIZ México.